Nuevos testimonios en el marco de la instrucción de la jueza María Tardón sitúan a las autoridades del país vecino detrás de la coacción directa a los migrantes durante los sucesos de julio.
La investigación judicial que instruye la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón sobre las entradas masivas registradas en Ceuta ha sumado un testimonio clave. Durante las últimas declaraciones testificales, una de las personas que accedió a la ciudad autónoma ha revelado que un agente de seguridad marroquí le empujó e hizo caer al mar junto a su familia con el objetivo inequívoco de obligarles a cruzar la frontera.
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Según el relato ofrecido en sede judicial, la víctima se encontraba en la localidad vecina de Castillejos únicamente como observador de los altercados, sin intención de cruzar. Fue en ese momento cuando las fuerzas del país vecino intervinieron de forma violenta, obligándoles a lanzarse al agua para transitar a territorio español, de donde finalmente tuvieron que ser rescatados por efectivos de la Guardia Civil.
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Testimonios que apuntan a una acción dirigida
Esta declaración se alinea con las aportaciones de otros testigos protegidos y con los informes policiales elaborados por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que continúan perfilando el grado de implicación institucional en los acontecimientos del 30 y 31 de julio:
- Órdenes directas en la frontera: Mientras que otros declarantes admitieron haber cruzado atraídos por falsas expectativas o siguiendo directrices explícitas de los gendarmes marroquíes en las inmediaciones de la zona fronteriza, el caso de este testigo subraya el uso de la coacción física directa.
- Identificación de mandos: La causa avanza con diligencias que ya han permitido a la Policía Nacional poner nombre y aportar registros gráficos de altos mandos marroquíes impartiendo instrucciones en el entorno de Bab Sebta.
Indicios de ataque a la soberanía territorial
Para la magistrada instructora, los indicios recabados refuerzan la tesis de una conducta presuntamente cometida desde el exterior dirigida a socavar la integridad territorial de España.
En paralelo, la instrucción judicial maneja estimaciones actualizadas de la Guardia Civil sobre el volumen de personas que habrían retornado a Marruecos tras la crisis —una cifra calculada en torno a los 88.000 retornos según los análisis policiales—, mientras se sigue desclasificando documentación del CNI para esclarecer por completo el papel y la connivencia de las autoridades marroquíes en el episodio.
