La reciente jornada de huelga general ha abierto una profunda brecha política en el seno de los aliados del Ejecutivo. Diversas formaciones políticas situadas a la izquierda del PSOE, como Sumar, Podemos y ERC, han exigido formalmente el cese y la dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras las contundentes cargas policiales y los altercados registrados durante las movilizaciones.
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Desde formaciones como Sumar han calificado de inaceptable la actuación de los agentes frente a manifestantes pacíficos, señalando que los operativos de carácter general requieren asumir responsabilidades políticas directas. Las críticas se han intensificado tras conocerse un balance provisional que arroja más de un centenar de detenidos y numerosos incidentes en grandes capitales como Madrid y Barcelona, donde las tensiones se dispararon al término de las marchas.
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Interior abre investigación y veta el gas lacrimógeno
Ante la presión de sus socios parlamentarios y el revuelo generado por las imágenes de la intervención, el Ministerio del Interior ha movido ficha. Por un lado, ha ordenado una investigación interna específica —al margen de los controles rutinarios de la Policía Nacional— para esclarecer los incidentes. Por otro, en un intento por rebajar la tensión, el departamento ha emitido una prohibición expresa para que no se vuelva a utilizar gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones a futuro.
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Pese al clamor de los socios gubernamentales pidiendo su cabeza política, el núcleo del Ejecutivo ha descartado de plano la salida de Grande-Marlaska, defendiendo su gestión global ante una jornada calificada de compleja, en un pulso que vuelve a poner a prueba la estabilidad de las alianzas parlamentarias del Gobierno.
