El Ministerio del Interior ha ordenado a la Dirección General de la Policía modificar sus protocolos internos para restringir el uso del espray de defensa personal en contextos de manifestaciones y grandes concentraciones, sustituyéndolo por el empleo de botes de humo lacrimógeno «inocuo» en los operativos de orden público.
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Esta modificación se produce tras las fuertes críticas y la polémica desatada por las intervenciones policiales durante la jornada de huelga general del pasado 11 de noviembre, sucesos que han llevado al titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, a abrir una investigación reservada y a cuestionar la proporcionalidad de algunas actuaciones.
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Nuevos límites y excepciones en la operativa policial
Con la nueva directriz, los agentes que participen en dispositivos específicos de orden público ya no podrán hacer uso del espray individual de defensa. En su lugar, los antidisturbios deberán recurrir a artificios ATL —botes de humo lacrimógeno no lesivo lanzados mediante bocachas acopladas a las escopetas reglamentarias— cuando sea necesario dispersar masas o contener altercados graves.
No obstante, la restricción no afecta a los servicios ordinarios de seguridad ciudadana, por lo que los indicativos policiales en patrullas tipo ‘zeta’ mantendrán la autorización para portar y emplear el espray de manera individual con el fin de inmovilizar a un sospechoso de forma individualizada y proceder a su detención.
Críticas de los sindicatos y rechazo al cambio de protocolo
La medida ha provocado un profundo malestar entre las organizaciones sindicales de la Policía Nacional. Los representantes de los agentes han cuestionado la eficacia técnica de la instrucción, argumentando que el uso de botes de humo lacrimógeno genera una nube de dispersión mucho más amplia que el espray dirigido, lo que podría repercutir de forma indiscriminada sobre la ciudadanía y elevar el riesgo de incidentes.
Asimismo, los sindicatos policiales han interpretado la decisión como un gesto que deja «bajo sospecha» la labor de los efectivos en la calle, lamentando que se modifiquen los criterios de actuación bajo presión política. Por su parte, el ministro Grande-Marlaska ha descartado dimitir y, aunque ha defendido el trabajo general de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha reiterado que cualquier actuación debe ajustarse estrictamente a los principios de proporcionalidad, necesidad y congruencia.
