Benidorm podría estar en riesgo de insolvencia debido a un conflicto legal que se prolonga por más de dos décadas y que podría implicar para el Ayuntamiento un desembolso de hasta 340 millones de euros, cifra que supera en más del doble su presupuesto anual.
Para mitigar el impacto económico, el Ayuntamiento ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional solicitando la suspensión de la ejecución de la sentencia relacionada con la titularidad de unos terrenos en disputa. La decisión judicial podría forzar al gobierno local a afrontar un pago que multiplicaría sus compromisos financieros, poniendo en peligro tanto los servicios municipales como la estabilidad económica de la ciudad.
Especialistas advierten que, en caso de confirmarse la sentencia, esta representaría uno de los mayores golpes económicos sufridos por un municipio en España en los últimos tiempos. Por su parte, la administración local espera que la intervención del Tribunal Constitucional ofrezca un alivio temporal que permita la negociación o la reconsideración de la situación antes de que resulte irreversible.
