Nancel llegó a España con 15 años como tantos otros menores migrantes. Ahora tiene 19. Estudia bachillerato en Granada y su nota habitual es el sobresaliente. Su sueño es ir a la Universidad y pese a haber conseguido una beca, necesita trabajar para costearse los estudios. Sin embargo, hay un problema: no tiene permiso de trabajo y, por tanto, no puede conseguir un contrato, por lo que se plantea dejar los estudios.
Menores extranjeros no acompañados. Cuatro palabras cuyas iniciales, a su vez, conforman una sigla que se usa para despersonalizar y convertir a niños y niñas en otra cosa. En una especie de colectivo que trasciende su condición de menores y contra el que todo vale. Una sigla con la que la extremaderecha de este país se frota las manos y sobre la que vierte continuamente bulos y noticias falsas, para climinalizarla.
Estos menores son acogidos en centros, como el de La Esperanza en Ceuta, en los que permanecen hasta alcanzar la mayoría de edad. Una vez que cumplen los 18, son puestos en la calle sin alternativa y en condición de migrantes irregulares. Explicado de otra forma: España, un país envejecido, se gasta una buena cantidad dinero en acoger y en mantener a menores migrantes, hasta que estos se hacen mayores y están en edad de trabajar y de contribuir, por ejemplo, a llenar la hucha de las pensiones con sus impuestos. Entonces, el Estado se despreocupa de ellos y de la inversión realizada. Es decir, es similar a la «fuga de cerebros» que vivimos durante la crisis. Jóvenes que hemos formado nosotros y a los que empujamos a dejar el país para explotar su talento y su formación en otra parte.
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Este es el caso de Nancel que recoge la edición digital de la Cadena Ser que llegó con quince años y pertenecía a ese colectivo de menores migrantes aglutinados bajo una misma sigla. Era un número más dentro de esa denostada palabra. Él seguramente no lo sabía en su momento, pero probablemente no tardó en descubrirlo. Sin embargo, tuvo suerte. Pudo seguir estudiando tras cumplir los 18 y verse obligado a abandonar el centro porque, gracias a sus brillantes calificaciones pudo acceder a una beca universitaria y se le permitió ingresar en una residencia de estudiantes.
Sin embargo, y pese a estar becado, necesita dinero para poder costearse la parte de los estudios que no le alcanza a cubrir con la beca. Una situación que le ha hecho toparse con barreras burocráticas y administrativas que, como en tantas ocasiones, atentan contra el sentido común. Aunque tiene permiso de residencia, no lo tiene de trabajo y no puede acceder a un contrato que le permita tener unos ingresos para pagarse sus estudios.
Nos imaginamos que por la cabeza de este joven que lleva, como mínimo, desde los quince años realizando un sobreesfuerzo para prosperar en la vida y tener un futuro, deben rondar miles de pensamientos sobre el sentido que tiene permitir que un menor permanezca en España hasta ser adulto, si luego a ese adulto no se le permite seguir avanzando y lo que se pretende es que se vaya.
