España necesita nuevamente un préstamo para inyectar dinero en la economía e intentar salvar el hoyo, o más bien el socavón que se ha producido por la pérdida de producto interior bruto en la economía del país, tras los efectos destructivos del paso del primer “sunami” del coronavirus.
Y el remedio suele ser el de siempre, gasta menos de lo que ingresas y podrás recuperarte no debiendo, y teniendo ganancia que poder invertir en la creación de riqueza para el país. Así que lo más recurrente y fácil es subir los impuestos y/o bajar los sueldos de los empleados públicos, que en realidad se llevan tan sólo una parte de los presupuestos de las tres principales administraciones públicas (Estado, Autonomías, y Municipios).
Deberíamos tener en cuenta además, otras rentas que dependen de la transferencia pública (pensiones, subsidios, subvenciones, etc…), y, que el sector privado en España emplea a 530.000 personas menos de lo que lo hace el empleador público, esto es que seguimos teniendo una Administración sobre dimensionada, no porque en determinados sectores no sean verdaderamente necesarios, sino porque hay una gran variedad de puestos de trabajo al servicio de todos los ciudadanos, eso sí, pero unos más necesarios que otros.
Un estudio riguroso desvela que los empleados públicos (funcionarios o laborales al servicio público), cobran un 50 % más que los trabajadores del sector privado, esto es que el mismo o similar trabajo que en la empresa privada se paga a 1.000 euros mensuales, en la Administración se pagaría a 1.500 euros.
Para ser funcionario de carrera los empleadores públicos ofertan los puestos de trabajo, y los aspirantes deben concurrir en régimen de competencia a un proceso selectivo en el que se selecciona a los mejores, -entre miles unos pocos-, con lo que al menos en conocimientos, aptitudes, y capacidades. Se estaría llevando la Administración a los mejores candidatos para los puestos a ocupar. Eso “per se”, ya es un beneficio para la sociedad.
Todos sabemos que los presupuestos de las distintas Administraciones están principalmente para pagar salarios y servicios sociales, y que a veces, como han dicho muchos alcaldes, no queda ni para urbanismo, para el mantenimiento de las calles, aceras, y mobiliario público.
Servicios públicos que reclamamos todos, y por lo que dicen desde fuera, en España los tenemos de los mejores del mundo, mejor Sanidad, mejores Cuerpos de Policía, no tan buena enseñanza, no tan buenas prestaciones sociales, -porque los hay muchos para reclamarlas-, recordemos los niveles de desempleo, y otros tantos.
El déficit de ingreso viene también precisamente, -en términos coloquiales-, porque hay muchas bocas que alimentar, mientras los ocupados para alimentarlas están por debajo de otros países.
Así las cosas, si no queremos poner en manos del sector privado los servicios que presta la Administración, pagando sueldos un 50% más baratos, y seguramente prescindiendo de lo que se pueda considerar secundario, pero en lo que puede ir la vida de una persona, -lucha contra el cáncer, investigaciones policiales y judiciales, presencia policial suficiente y cualificada, mejores dotaciones para la enseñanza, la sanidad, y mejores profesionales,…-, y aunque junto al núcleo de funcionarios y de los medios para ejercer su trabajo, reciban los apoyos que en determinados momentos pueda dar el sector privado, debemos mantener a los funcionarios necesarios siguiendo criterios de eficiencia y eficacia, pero también de necesidad, y los debemos mantener bien pagados, no solo porque a mayor renta per capita, más poder adquisitivo tienen los ciudadanos, y, mayores son por tanto las capacidades de crecimiento de las empresas que ofertan sus productos, para con ello generar más riqueza y facilitar el empleo en mayor medida, en el sector privado.
Pero lo que también se debe hacer es mantener una estructura pública con los empleados necesarios, evitando ocupaciones cuyos niveles de productividad, rendimiento, o de tiempo efectivo en el trabajo productivo, sean menores.
Funciones con menor tiempo de ocupación efectiva al trabajo productivo, mientras se permanece en el horario de trabajo, esas si que pueden encomendarse, cuando sean verdaderamente necesarias, a contrataciones con el sector privado, que retribuirán a razón del nivel de beneficio que con su trabajo se obtiene, por tiempo efectivo empleado en el trabajo.
Abreviando, sea cual sea el número de funcionarios que verdaderamente sean necesarios para el desempeño de la función que desarrollan, deben ser bien retribuidos, porque ello generará igualmente mayores rentas en el sector privado, siguiendo la estela de la función pública, y porque será mayor la renta que se pueda emplear para comprar, y con ello generar más puestos de trabajo.
Esto es, puestos innecesarios o de bajo nivel de productividad, debe prescindirse de ellos, y no deben ser ocupados por funcionarios. Lo que es conocido como la externalización.
Teniendo en cuenta además los porcentajes de personas retribuidas en torno a la actividad política, que tal vez no sean necesarios tantos, para arbitrar los mecanismos legislativos y ejecutivos de las tres administraciones, debe de prescindirse de ellos.
Y, cuando esas actividades de las que se prescinde, por su menor nivel de productividad ante la misma aplicación de tiempo, se hagan necesarias, contratar los servicios de las empresas privadas que harán también esa labor para otros usuarios, pudiendo por ello maximizar el rendimiento del trabajador, al ser ocupado en el momento y tiempo determinado, en un lugar u otro. Transfiriendo la Administración la cantidad económica específicamente acordada por el servicio prestado, ahorrando con ello, seguro.
