Ya sabemos que la Ley Celaá no reconoce el español como la lengua oficial del Estado. Por si esto fuera poco, se ensaña con los familiares y alumnos que asisten a colegios de educación especial.
Miles de niños españoles con distintos grados de discapacidad pueden ver cerrados sus centros educativos próximamente.
El Gobierno de Pedro Sánchez va a aprobar en una nueva ley educativa que se cierren los colegios de educación especial y que los alumnos con cualquier grado de discapacidad se deriven a los colegios ordinarios.
La desvergüenza del gobierno de Pedro Sánchez es desmedida.
El Sr Sánchez no es capaz de dotar de los recursos humanos y materiales necesarios para atender actualmente a los alumnos de los centros ordinarios, algunos de ellos con discapacidades leves o moderadas. ¿Cómo pretenderá que se atienda a esos alumnos de centros de educación especial? ¿ En qué espacios, con qué materiales, con qué recursos? Y muchos más interrogantes que se plantea la comunidad educativa, especialmente padres y profesores que consideran esta intención del gobierno de Pedro Sánchez un verdadero dislate.
Determinados centros están por encima del 100% de su capacidad y pretenden que la atención de alumnos de centros de educación especial, cuando pasen a ordinarios, sea simultánea en el aula. Esto provocará que los alumnos con discapacidades no puedan ser atendidos adecuadamente ni tener los medios necesarios. Y por otro lado, los maestros tampoco podrán ocuparse correctamente de la evolución del resto.
La ley Celaá no detalla cómo financiará esa adaptación de los colegios ordinarios ni de dónde saldrá el dinero, ya que pretenden aprobarla sin memoria económica.
Muchas familias y organizaciones sociales han pedido parar esta ley para evitar el cierre de los colegios de educación especial.
Hemos oído a muchos profesores y padres, cuyos hijos asisten a colegios de educación especial, defender el lema «inclusiva sí, especial también». Desde el Partido Popular apoyamos a los docentes, alumnos y familias que forman parte de esta plataforma y, al igual que ellos, nos oponemos al cierre de los centros de educación especial, exigiendo al Gobierno de España que garantice el derecho de los alumnos con discapacidad a seguir escolarizados en los centros de educación especial y en las aulas específicas.
