El Ministerio de Consumo ha impuesto una sanción de 64 millones de euros a Airbnb por permitir que más de 65.000 anuncios de viviendas turísticas se publicaran sin contar con la licencia correspondiente, según la normativa vigente. La multa, equivalente a seis veces el beneficio ilícito que habría obtenido la plataforma con sede en San Francisco, es la segunda mayor impuesta por el departamento de Pablo Bustinduy a una sola empresa, después de los 108 millones que recayeron sobre Ryanair en noviembre de 2024.
La investigación del Ministerio detectó que Airbnb no solo permitió la publicación de anuncios sin licencia, sino que tampoco impidió que algunos propietarios incluyeran números de registro falsos o incorrectos. El proceso sancionador comenzó en octubre de 2024 y, tras la inacción de la compañía y recursos judiciales sin éxito, la plataforma retiró finalmente los anuncios en julio de 2025.
“Vamos a defender los derechos de los consumidores, sin importar lo grande o poderosa que sean las empresas implicadas”, declaró Bustinduy en rueda de prensa. Además de la multa principal, Airbnb recibió sanciones menores: 10.000 euros por omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión y otros 55.000 euros por incumplir prohibiciones durante la instrucción del expediente.
El Ministerio de Consumo ha dejado claro que continuará actuando contra prácticas abusivas en el sector inmobiliario y turístico, con otros expedientes en curso, como el que afecta a la firma Alquiler Seguro.
Con esta sanción, el Gobierno pretende poner freno a la “especulación que está asfixiando a millones de familias trabajadoras” y garantizar el cumplimiento de la ley en el mercado de alquiler turístico.
