Altos cargos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción un presunto entramado empresarial que habría desviado fondos públicos destinados a la investigación contra el cáncer. Según la denuncia, una sociedad creada en la propia vivienda del actual gerente del centro, Juan Arroyo, habría cobrado 1,3 millones de euros al organismo público mediante un contrato de alquiler muy por encima de los precios habituales del mercado.
La empresa señalada es Navestalia, que, de acuerdo con la documentación aportada, estaría además controlada por un estrecho colaborador y amigo íntimo de la pareja de Arroyo. Los denunciantes sostienen que el CNIO estaría pagando a esta sociedad un alquiler tres veces superior al valor de mercado por el espacio arrendado.
Los altos cargos que han presentado la denuncia consideran que estos hechos podrían constituir un grave perjuicio para los recursos destinados a la lucha contra el cáncer. Según sostienen, los sobrecostes habrían drenado parte del presupuesto público dedicado a infraestructuras científicas y actividad investigadora, desviándolo hacia una empresa presuntamente vinculada al entorno personal del gerente.
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Por el momento, la Fiscalía Anticorrupción analiza la documentación y valora la apertura de diligencias para esclarecer si existió un uso irregular de fondos públicos y si la relación entre el gerente, su entorno personal y Navestalia pudo influir en la adjudicación y en el precio del alquiler.
El CNIO no ha emitido todavía una respuesta oficial sobre la denuncia, aunque fuentes internas consultadas insisten en la necesidad de que se aclare “con total transparencia” el alcance de las acusaciones, tanto para proteger el prestigio del centro como para garantizar el uso íntegro y adecuado de los fondos destinados a la investigación oncológica.
