Álvaro García Ortiz se incorporará como fiscal a la Sección Social del Tribunal Supremo, después de haber sido condenado a dos años de inhabilitación como fiscal general del Estado.
Fuentes fiscales confirmaron, que García Ortiz solicitó su traslado a esta sección, considerada una de las más tranquilas del Ministerio Público, con menor exposición mediática, un factor que habría influido en su decisión.
García Ortiz mantiene su condición de fiscal de Sala, la categoría más alta dentro del Ministerio Público, aunque su futuro profesional aún dependerá del estudio de la Inspección de la Fiscalía General sobre las consecuencias de la sentencia. El Tribunal Supremo considera que una expulsión de la carrera fiscal sería «excesiva», aunque no es competente para decidir sobre los efectos extraprocesales de la condena.
La sentencia del Supremo impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación como fiscal general, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por un delito de revelación de datos reservados.
La Abogacía del Estado tiene hasta mañana para presentar un incidente de nulidad contra la condena, un trámite necesario para poder recurrir posteriormente en amparo ante el Tribunal Constitucional, aunque su éxito es considerado poco probable.
Por su parte, la Fiscalía del Tribunal Supremo ya ha solicitado la nulidad de la sentencia. En su escrito, la teniente fiscal María de los Ángeles Sánchez Conde argumenta que se vulneró el derecho a la presunción de inocencia de García Ortiz al no tomar en cuenta el testimonio de periodistas que tenían acceso al correo filtrado antes que el propio fiscal. Además, la difusión de la nota de prensa de la Fiscalía, destinada a desmentir información «sesgada y falaz», fue considerada fuera de los hechos imputables y no punible por la propia sala.
