El eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, negó este lunes ante el Tribunal Supremo haber acosado a dos europarlamentarios que abandonaron su formación, Se Acabó La Fiesta (SALF), y atribuyó la situación a un contexto de confrontación política y a un cambio de principios de sus excompañeros.
Alvise compareció en el alto tribunal en relación con la cuarta causa penal que enfrenta, presentada por los eurodiputados Diego Adrián y Nora Junco, quienes abandonaron SALF tras alegar acoso luego de ser elegidos junto a él en los comicios europeos de 2024.
Los querellantes ratificaron la semana pasada su denuncia por revelación de secretos y acoso, señalando que Pérez había publicado mensajes que generaron temor por su integridad física, al revelar información sobre sus desplazamientos y ubicación.
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Según el abogado de los denunciantes, Guillermo Ruíz Blay, Alvise negó haber acosado a sus excompañeros, aunque los mensajes reconocidos por el eurodiputado incluían expresiones como “apisonar la cabeza” o “perseguirles”, que según el letrado no coinciden con la versión de Pérez.
El líder de SALF respondió únicamente a las preguntas del juez y la Fiscalía, admitiendo la autoría de los mensajes pero enmarcándolos en un contexto político y describiendo a sus excompañeros como amigos. Asimismo, negó haber difundido datos personales de los querellantes.
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Los eurodiputados buscan que se acepte un audio de 2024 en el que, según sostienen, se escuchan expresiones “mucho más amenazantes y violentas”. Tras su comparecencia, Alvise no dio detalles sobre su declaración, haciendo referencia al “carácter reservado” del procedimiento, y aprovechó para mostrar a la prensa su próximo libro, Devuélveme mi país. Aseguró estar “convencido” de su inocencia.
Alvise enfrenta además otras tres causas abiertas en el Supremo, incluyendo presuntos delitos de falsedad e injurias relacionados con la difusión de una PCR falsa del exministro Salvador Illa, mensajes contra la fiscal Susana Gisbert y una investigación por presunta financiación ilegal, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental por 100.000 euros recibidos para su campaña electoral.
