El eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, negó este lunes ante el Tribunal Supremo haber acosado a dos europarlamentarios que abandonaron su formación, Se Acabó La Fiesta (SALF), y atribuyó la situación a un contexto de confrontación política y a un cambio de principios de sus excompañeros.
Alvise compareció en el alto tribunal en relación con la cuarta causa penal que enfrenta, presentada por los eurodiputados Diego Adrián y Nora Junco, quienes abandonaron SALF tras alegar acoso luego de ser elegidos junto a él en los comicios europeos de 2024.
Los querellantes ratificaron la semana pasada su denuncia por revelación de secretos y acoso, señalando que Pérez había publicado mensajes que generaron temor por su integridad física, al revelar información sobre sus desplazamientos y ubicación.
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Según el abogado de los denunciantes, Guillermo Ruíz Blay, Alvise negó haber acosado a sus excompañeros, aunque los mensajes reconocidos por el eurodiputado incluían expresiones como “apisonar la cabeza” o “perseguirles”, que según el letrado no coinciden con la versión de Pérez.
El líder de SALF respondió únicamente a las preguntas del juez y la Fiscalía, admitiendo la autoría de los mensajes pero enmarcándolos en un contexto político y describiendo a sus excompañeros como amigos. Asimismo, negó haber difundido datos personales de los querellantes.
Los eurodiputados buscan que se acepte un audio de 2024 en el que, según sostienen, se escuchan expresiones “mucho más amenazantes y violentas”. Tras su comparecencia, Alvise no dio detalles sobre su declaración, haciendo referencia al “carácter reservado” del procedimiento, y aprovechó para mostrar a la prensa su próximo libro, Devuélveme mi país. Aseguró estar “convencido” de su inocencia.
Alvise enfrenta además otras tres causas abiertas en el Supremo, incluyendo presuntos delitos de falsedad e injurias relacionados con la difusión de una PCR falsa del exministro Salvador Illa, mensajes contra la fiscal Susana Gisbert y una investigación por presunta financiación ilegal, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental por 100.000 euros recibidos para su campaña electoral.
