El líder del Ejecutivo central promete responder con «contundencia a las infamias», mientras Alberto Núñez Feijóo le acusa de ser el «inductor y financiador» de una «gestapillo» para frenar las investigaciones de corrupción.
MADRID.– En uno de los momentos de mayor debilidad parlamentaria de la legislatura —sin Presupuestos Generales y con una batería de frentes judiciales golpeando las siglas del PSOE y a su entorno más cercano—, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por la estrategia del atrincheramiento y la contraofensiva ideológica. Durante la última sesión de control en el Congreso de los Diputados, Sánchez esquivó rendir cuentas sobre las presuntas tramas de corrupción que salpican a sus filas y optó por presentarse como la víctima propiciatoria de una conspiración a gran escala.
Según el jefe del Ejecutivo, la cascada de informaciones y procesos judiciales no son más que el resultado de los embates de las «élites en España», de «gobiernos muy poderosos» en el mundo y de «tecnoligarcas que esparcen basura» en las redes sociales. A juicio de Sánchez, su agenda legislativa —que incluye la reforma laboral, la Ley de Amnistía o el aumento del salario mínimo— resulta «incómoda y molesta» para estos poderes fácticos, los cuales, denunció, «tienen sus terminales en el Partido Popular y en Vox».
Pedro Sánchez: «Al Gobierno se llega con los votos de la gente y no con los atajos que la oposición está tratando de transitar con su ayuda (…). Responderemos con contundencia a los infundios, a las insidias y a las mentiras que se están propagando contra el Partido Socialista y el Gobierno».
La sombra de los móviles incautados
La alusión de Sánchez a los «gobiernos muy poderosos» fue interpretada de inmediato por las bancadas de la oposición como una referencia velada a Estados Unidos. Washington ha sido el país encargado de facilitar a la Policía Nacional el volcado de datos del teléfono móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes (antiguo dueño de Plus Ultra), un material que, según fuentes de la investigación, albergaría información altamente comprometida para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
A ello se suma el escándalo de Leire Díez, la «fontanera» del partido que, presuntamente bajo el amparo de María Jesús Montero, intentó consumar decenas de operaciones irregulares (‘pelotazos’) en empresas públicas. La aparición de las siglas «P.S.» en las libretas de Díez ha encendido todas las alarmas. Aunque desde La Moncloa admiten que las siglas corresponden a Pedro Sánchez, niegan tajantemente cualquier implicación o reunión del presidente con ella.
Feijóo exige elecciones: «¿Hasta cuándo va a estirar esta basura?»
La respuesta de la oposición no se hizo esperar, elevando el tono de la sesión parlamentaria a niveles de máxima crispación. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó directamente a Sánchez de ser el «inductor, financiador y beneficiario» de una «gestapillo» diseñada desde las cloacas del partido para cortocircuitar las pesquisas de los jueces y de la Guardia Civil.
Feijóo desmontó la presunta «contundencia» contra la corrupción de la que presume el Gobierno, recordando que el PSOE tardó en actuar contra figuras clave como José Luis Ábalos o Santos Cerdán, y que sigue sin querellarse contra Leire Díez a pesar de que el portavoz parlamentario, Patxi López, insista en que Ferraz está estudiando las vías jurídicas. Para los populares, la inacción del PSOE se debe al miedo a que la fontanera «tire de la manta».
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«O bien Sánchez lo conocía todo y entonces debe dimitir por corrupción, o bien no se enteró de nada y en ese caso debe irse por incompetencia», sentenció Feijóo, concluyendo con una exigencia directa al presidente para que disuelva las Cortes: «¿Hasta cuándo va a estirar toda esta basura antes de dar la voz a los españoles?».
Por el momento, el Ejecutivo fía su supervivencia a los buenos datos macroeconómicos presentados por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, en un intento de desviar el foco de unos tribunales que amenazan con colapsar la legislatura.
