La dirección de los populares augura que el juez Pedraz investigará al Partido Socialista como persona jurídica por el presunto pago de comisiones a una exmilitante, aunque descarta que la presión tumbe al bloque de la investidura.
MADRID. – El Partido Popular (PP) redobla su ofensiva de presión política en el frente de los tribunales. La cúpula de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo da por hecho que la presión en los juzgados entrará en una fase de «escalada judicial» inminente y prevé un escenario inédito: la imputación del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como persona jurídica bajo la acusación de organización criminal.
Los populares sostienen que las distintas investigaciones que cercan al entorno de los socialistas confluirán en las próximas semanas en resoluciones de gran calado. En concreto, el foco del PP está puesto en el juzgado de Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, donde estiman que los próximos autos judiciales articularán indicios sólidos para atribuir responsabilidades directas a la organización socialista en relación con supuestos pagos e irregularidades que afectan a la exmilitante Leire Díez y otros investigados.
El foco en la responsabilidad corporativa
La estrategia que anticipa la oposición busca que el PSOE rinda cuentas ante los tribunales no solo mediante cargos individuales, sino como estructura. Para el Partido Popular, la sucesión de citaciones y los frentes abiertos en las últimas semanas configuran un patrón de actuación que encaja en el tipo de delitos vinculados a una red organizada.
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A pesar del impacto institucional que supondría ver al partido del Gobierno imputado colectivamente, los estrategas de Génova se muestran pragmáticos y, de momento, han rebajado la viabilidad de registrar una moción de censura a corto plazo. Fuentes internas admiten que no confían en que la gravedad de esta escalada judicial altere sustancialmente el tablero de alianzas parlamentarias. En el PP impera el escepticismo sobre la posibilidad de que los socios habituales del bloque de investidura —las fuerzas independentistas y nacionalistas— decidan retirar su apoyo a Pedro Sánchez únicamente por el desgaste penal.
Por ello, la hoja de ruta de los populares pasa por desgastar de forma sostenida al Ejecutivo en el plano político, parlamentario y judicial, asumiendo que los tribunales marcarán los tiempos de la legislatura y que el PSOE se encamina a un escenario judicial sin precedentes en su historia reciente.
