La cúpula del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado un paso significativo en la tramitación de un expediente disciplinario contra dos magistrados tras sus polémicas declaraciones públicas y en redes sociales dirigidas contra varias figuras políticas, entre ellas la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, el propio Pedro Sánchez y la eurodiputada Irene Montero.
El promotor de la acción disciplinaria, encargado de investigar y proponer sanciones a jueces y magistrados, ha presentado una propuesta formal de sanción ante la Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces, con el objetivo de que se imponga algún tipo de castigo a los magistrados Eloy Velasco y Manuel Ruiz de Lara.
Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional, ha sido objeto de la investigación tras hacer valoraciones críticas sobre la exministra de Igualdad Irene Montero y su formación política en el contexto de debates sobre la ley conocida como “solo sí es sí”, utilizando expresiones consideradas ofensivas hacia su trayectoria profesional. Por su parte, Manuel Ruiz de Lara, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, publicó una serie de mensajes en su cuenta de la red social X en los que atacaba al presidente del Gobierno y se refería de manera despectiva a su esposa, asignándole apodos y cuestionando su conducta.
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La apertura de expediente que ahora culmina en una propuesta de sanción se produjo tras un intento fallido de archivo por parte del promotor en el pasado año, cuando trató de cerrar ambas investigaciones. La Comisión Permanente del CGPJ rechazó ese archivo y ordenó que se continuara con la tramitación disciplinaria, lo que ha desembocado en la actual propuesta de sanción.
Las posibles sanciones previstas en la normativa del Poder Judicial incluyen desde multas hasta suspensiones temporales de funciones, y corresponderá ahora a la Comisión Disciplinaria evaluar si procede imponerlas o, finalmente, archivar los casos. El debate pone de relieve la tensión entre la libertad de expresión de los jueces y las obligaciones de neutralidad e imparcialidad que deben observar en el ejercicio de su cargo.
El avance de este procedimiento se enmarca en un contexto de discusión sobre los límites de las manifestaciones públicas de los magistrados y la imagen institucional de la justicia en España, en un momento en que la independencia judicial y la responsabilidad ética de sus miembros ocupan un lugar destacado en el debate público.
