Fuentes de La Moncloa señalan que el agitador ultra abordó a la esposa del presidente del Gobierno en el interior de un local privado y le impidió la salida.
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Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado su intención de presentar una denuncia contra el comunicador y activista ultra Vito Quiles por una presunta agresión ocurrida este miércoles en el interior de una cafetería madrileña. Según han confirmado fuentes de La Moncloa y de su entorno cercano, Gómez busca defender su derecho a la intimidad y a la seguridad personal ante un episodio que han calificado de «acoso» e «intimidación».
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Los hechos se produjeron durante la mañana de este miércoles en un establecimiento de Las Rozas (Madrid), donde Begoña Gómez se encontraba en un ámbito privado acompañada de dos amigas. Según la versión trasladada por el Ejecutivo, Quiles entró en el local e increpó a Gómez, abordándola de forma intimidatoria y «no dejándola salir» del recinto mientras le lanzaba preguntas sobre las causas judiciales que la afectan.
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Forcejeos en el establecimiento
Ante la negativa del activista a deponer su actitud, las personas que acompañaban a la mujer del presidente intervinieron para protegerla y facilitar su salida, momento en el que se produjo un enfrentamiento y forcejeos entre los acompañantes y Quiles.
Por su parte, Vito Quiles difundió poco después un vídeo editado en sus redes sociales en el que se le observa persiguiendo a Gómez en el exterior del local y dirigiéndose a ella mientras la esposa del presidente habla por su teléfono móvil sin mirarle. En las imágenes también se registran momentos de tensión en los que el agitador grita «¡Policía!» y califica de manera despectiva a las acompañantes de Gómez, asegurando además que fue él quien resultó agredido por intentar hacer preguntas.
Denuncia por acoso
Fuentes del entorno de Gómez han remarcado que el vídeo difundido por Quiles está «recortado» y no muestra lo sucedido previamente en el interior de la cafetería. Por este motivo, han decidido emprender acciones legales bajo el argumento de que este tipo de conductas no forman parte de la libertad de expresión, sino que constituyen un acto de acoso basado en el seguimiento y la provocación.
Desde el Gobierno han respaldado la decisión de Gómez, insistiendo en que «no se puede normalizar el odio» ni este tipo de ataques hacia personas con proyección pública en sus espacios de vida privada.
