Mabel Deu alega que se limitó a cumplir órdenes del ministerio del Interior y que está sufriendo una «innecesaria pena de banquillo»
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Según ha publicado Europa Press, la defensa de la vicepresidenta primera del Gobierno de Ceuta, Mabel Deu, encausada por la expulsión a Marruecos en agosto de 2021 de 55 menores no acompañados al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz contra su procesamiento en el que alega que se limitó a cumplir «un verdadero mandato» de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, y que toda su actuación se realizó «en cumplimiento del mismo». Desde su punto de vista, está sufriendo una «innecesaria pena de banquillo» y la causa debería ser archivada porque no merece reproche penal.
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El escrito de Deu recuerda que el escrito sin firma procedente de la Secretaría de Estado que recibió el 10 de agosto «rogando» el inicio de las repatriaciones de niños migrantes solos «por indicación del ministro del Interior», aunque «respetando sus derechos e intereses», procedía de dos altos cargos, Rafael Pérez y Fernando Grande Marlaska, «magistrados de profesión y por lo tanto con amplios conocimientos jurídicos».
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La también consejera de Presidencia estima que ello le hizo entender que el procedimiento articulado al margen de la legislación española estaba «plenamente amparado en Derecho», por lo que colaboró «convencida de la regularidad del proceso a pesar de la novedad del mismo y la sorpresa que supuso la excepcional receptividad del Estado marroquí para implementarlo».
La jueza instructora de la causa abierta a instancias de la Fiscalía ha apreciado la existencia de indicios suficientes para sentar en el banquillo a Deu y a la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada en calidad de cooperadora necesaria y autora material, respectivamente.
Según su auto de procedimiento abreviado, ambas prescindieron «a sabiendas» para deportar a los menores «de cualquier procedimiento y del dictado de la preceptiva resolución individualizada acorde con la legalidad nacional e internacional de protección de los derechos de los menores».
«Con su arbitrario proceder», estima la magistrada, «hicieron absoluta dejación del deber de protección de los menores afectados que la legislación les atribuía en sus respectivas competencias, poniendo en riesgo su integridad física y moral, ocasionando un resultado materialmente injusto, sin que exista justificación para ello, ni siquiera la situación de excepcionalidad».
Los abogados de Deu, que en la fase de instrucción pidieron sin éxito que se llamase a Marlaska a declarar en calidad de testigo, estiman que no tuvo ninguna «participación esencial» en el «retorno asistido» de los niños, y que no firmó más que resoluciones «de mero trámite».
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