Pablo Gallart abandona la gestión directa del hospital público, que atiende a 150.000 personas, tras la publicación de los audios por El País. El grupo anuncia una auditoría «en profundidad» para investigar el caso.
El escándalo de la gestión privada en la sanidad madrileña ha provocado la desvinculación inmediata del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, del Hospital de Torrejón. Esta decisión se produce horas después de que el diario El País publicara audios donde Gallart presuntamente instaba a directivos del hospital a elevar las listas de espera y rechazar procesos «no rentables» para maximizar los beneficios de la compañía.
El Hospital de Torrejón es un centro de gestión público-privada que sirve de referencia a aproximadamente 150.000 personas.
Auditoría y desvinculación del CEO
El grupo Ribera Salud (empresa que gestiona el hospital) ha emitido un comunicado anunciando una auditoría «en profundidad» para investigar los hechos desvelados.
En paralelo, y con efecto inmediato, Pablo Gallart se desvinculará de la gestión directa del Hospital de Torrejón, aunque mantendrá su cargo como CEO de la compañía.
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El Modus Operandi de la colaboración Público-Privada
Pablo Linde, el periodista de El País que destapó la información, explicó en el programa Hora 25 de Aimar Bretos el modus operandi de esta colaboración público-privada.
Según Linde, el hospital, construido y gestionado por Ribera Salud, ha sido acusado históricamente de este tipo de prácticas, pero la reunión celebrada a finales de septiembre entre directivos del grupo y el hospital lo demuestra de forma explícita. En ella, se dio la orden de seleccionar a determinados pacientes y procesos.
- Procesos Rentables: «Les interesa que vayan pacientes por procesos baratos porque la Comunidad paga por cada paciente, pero otros no interesan», indicó Linde. Puso como ejemplo que el Hospital de Torrejón es conocido en Madrid por el gran número de partos que atiende, ya que son procesos que les resultan baratos.
- Procesos No Rentables: En contraste, el periodista aseguró que existe una «orden explícita de no atender a los pacientes no capita de diálisis peritoneal», un proceso más caro que se ordena no realizar.
Linde señaló que lo más urgente es que la Comunidad de Madrid investigue «esta evidencia tan clara». Además, anunció que El País publicará próximamente información que demuestra que la compañía «conocía perfectamente lo que pasaba y que no es solamente una orden del CEO».
