La actualización de las pensiones contributivas para el próximo año 2026, estimada en un 2,7% conforme a la evolución de los precios, supondrá un desafío mayúsculo para las finanzas públicas. Este incremento, que busca proteger el poder adquisitivo de 9,4 millones de pensionistas, tendrá un coste directo de 5.400 millones de euros, una cifra que, por sí sola, ya supera el presupuesto anual destinado a pilares fundamentales del Estado.
Una comparativa de magnitudes presupuestarias
Para entender la dimensión de la revalorización, basta observar que esos 5.400 millones de euros igualan o superan el gasto total de todas las administraciones en los Tribunales de Justicia (5.416 millones). El coste de esta subida también:
• Duplica el gasto destinado a los servicios de Bomberos (3.014 millones).
• Triplica el presupuesto completo de una comunidad autónoma como La Rioja (2.118 millones).
• Supera los 5.100 millones repartidos a través del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a 700.000 hogares durante 2025.
Incluso sumando todas las políticas de vivienda, urbanismo y deducciones fiscales relacionadas, la cifra resultante apenas alcanzaría el coste de esta actualización anual.
La factura real: más de 12.600 millones de euros
Aunque la revalorización por el IPC se cifra en 5.400 millones, el gasto real del sistema se disparará mucho más. Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), la suma de las subidas de las pensiones mínimas, el ajuste de las máximas y la llegada de 400.000 nuevos beneficiarios elevará la factura total hasta los 12.610 millones de euros.
Esta cuantía adicional es casi equivalente a una nómina mensual íntegra de la Seguridad Social. En términos comparativos, este gasto total se sitúa en niveles similares al presupuesto de Defensa (14.000 millones) y casi duplica lo invertido en el sistema universitario (8.800 millones).
Un sistema bajo presión demográfica y financiera
Desde que en 2021 se vinculó por ley la subida de las pensiones al IPC, estas han acumulado un alza cercana al 20%, mientras que los salarios medios apenas han crecido la mitad en el mismo periodo. Esta brecha acentúa el déficit estructural de un sistema donde los 165.000 millones recaudados por cotizaciones no alcanzan para cubrir los 200.000 millones de gasto en prestaciones.
La diferencia, superior al 20%, debe financiarse mediante impuestos generales o deuda pública, detrayendo recursos que podrían destinarse a otras partidas. Organismos como la AIReF y la Comisión Europea advierten que el «efecto sustitución» —los nuevos jubilados cobran pensiones más altas que los que fallecen— y el envejecimiento poblacional tensionarán aún más las cuentas hacia 2050. Actualmente, los jubilados reciben de media 1,6 euros por cada euro cotizado, una tasa de generosidad que sitúa a España muy por encima de vecinos como Alemania.
