El Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto aprobar este martes, 16 de diciembre, el Proyecto de Decreto que desarrolla la Ley 3/2021 de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado. El objetivo de la norma es «reconocer y reforzar la autoridad pública» del personal docente en Andalucía, buscando fomentar su consideración y respeto, además de establecer un sistema de cobertura que garantice su protección en el ejercicio de sus funciones.
El decreto, que fue sometido a información pública en diciembre de 2024, parte de la premisa de que un profesorado con «el mayor prestigio social posible» y con respaldo legal a su autoridad es «condición esencial para avanzar en un sistema de educación equitativo y de calidad».
La Junta de Andalucía defiende que la normativa es necesaria para la implantación de medidas que incrementen y refuercen la valoración social de la función docente y aseguren el clima de respeto imprescindible en los centros. Según el Gobierno andaluz, el decreto establece un marco normativo estable para hacer efectivo el reconocimiento de la autoridad del profesorado.
Derechos reconocidos al profesorado
El proyecto de decreto contempla una serie de derechos que se le reconocerán al profesorado «en el ejercicio de sus funciones»:
- Respeto y apoyo a la autoridad: Derecho al respeto, reconocimiento y apoyo a su autoridad por parte del alumnado, sus representantes legales y el resto del profesorado.
- Adopción de decisiones: Derecho a adoptar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces, conforme a las normas de convivencia del centro, para mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje.
- Colaboración de representanteslLegales: Derecho a la colaboración de los representantes legales para el cumplimiento de las normas de convivencia por parte de sus hijos.
Protección jurídica y asistencia psicológica
Una de las novedades es la cobertura que garantiza la protección de los docentes. El profesorado tendrá derecho a la protección jurídica y al apoyo psicológico gratuitos en el ejercicio de sus funciones.
En esta línea, el proyecto contempla que la Administración educativa proporcionará asistencia psicológica al personal docente de centros sostenidos con fondos públicos. Este servicio se ofrecerá para ayudar a superar la repercusión de agresiones o situaciones de conflicto que menoscaben la autoridad del profesorado, con el fin de reducir el efecto en su salud y rendimiento laboral.
La asistencia psicológica, si es solicitada por el interesado, se articulará mediante la Unidad de Apoyo al Profesorado existente en cada Delegación Territorial con competencias en materia de educación.
