MADRID, 24 de julio de 2026 — El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por Elma Saiz, ha tenido que buscar apoyos de emergencia para salvar los plazos de resolución de la regularización extraordinaria de personas migrantes. Tras haberse disparado las solicitudes hasta alcanzar casi 1,2 millones —más del doble de los 500.000 previstos inicialmente—, el Ejecutivo ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial para encomendar la revisión de expedientes a los funcionarios de las oficinas de extranjería provinciales fuera de su horario laboral.
Un incentivo de 10 euros por expediente resuelto
El pacto formalizado mediante una encomienda de gestión publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) busca evitar que caduque el plazo límite de tres meses fijado para dar respuesta a cada expediente:
- Funcionariado voluntario: Alrededor de 1.300 trabajadores (de una plantilla total cercana a los 1.800) se han ofrecido a colaborar voluntariamente fuera de su jornada laboral habitual.
- Pago por rendimiento: Los empleados cobrarán 10 euros por cada expediente revisado y dejado listo para su resolución. A este importe se suma una suma equivalente destinada al personal encargado de la coordinación en cada oficina provincial.
- Presupuesto total: El plan extraordinario contará con una dotación económica de unos 2,6 millones de euros con el objetivo de tramitar unos 250.000 expedientes que se encuentran al borde o han sobrepasado ya el límite de resolución legal.
Tareas técnicas para descongestionar la UTEX
A pesar del refuerzo extraordinario, la responsabilidad final de la resolución legal seguirá recayendo en la Unidad para la Tramitación de la Regularización Extraordinaria (UTEX).
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División del trabajo:
Las oficinas de extranjería realizarán labores de carácter estrictamente material y técnico: la comprobación de que la documentación aportada es correcta y la grabación del expediente en el sistema informático. La validación y firma definitiva dependerá en última instancia de la UTEX.
Con esta medida, el Gobierno intenta frenar el atasco administrativo provocado por una avalancha de solicitudes sin precedentes y evitar que el proceso quede paralizado por el silencio administrativo o el exceso de demora.
