La Audiencia Nacional ha tomado una decisión contundente al ordenar la prisión preventiva del exresponsable de la Guardia Civil en el puerto de Valencia, quien fue detenido recientemente bajo acusaciones de narcotráfico. Esta medida también se ha extendido a otros tres de los cinco detenidos en la misma operación, según informaron fuentes jurídicas.
Te interesa
Lee tambien: El operario de Adif que ordenó reanudar la marcha «normal» del AVE se niega a declarar ante la Guardia Civil
El exjefe, identificado como Jesús F. B., enfrenta cargos por tráfico de drogas, organización criminal, cohecho pasivo, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos. La Fiscalía había solicitado su ingreso en prisión preventiva debido al riesgo de fuga, reiteración delictiva y posible destrucción de pruebas.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
El puerto de Valencia es conocido como un importante punto de entrada de cocaína en España, siendo el tercero más grande de Europa después de Amberes y Rotterdam. En 2022, se incautaron 26 contenedores con un total de 11.564 kilos de cocaína, lo que subraya la magnitud del problema.
Lee tambien: Desalojados policías y guardias civiles que se encerraron en Interior por una jubilación digna
La fiscal jefe Antidroga, Rosa Ana Morán, ha señalado la dificultad de introducir droga en el puerto sin colaboración interna, lo que ha llevado a las fiscalías especializadas a centrarse en evitar que el dinero del narcotráfico corrompa a funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad.
El juez Francisco de Jorge, encargado del caso, también investiga otro caso de narcotráfico que involucra a un exjefe de Delitos Económicos de la Policía Nacional en Madrid, quien fue encontrado con 20 millones de euros ocultos en su domicilio. Aunque son casos separados, ambos reflejan un patrón preocupante de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad.
Este caso pone de relieve la necesidad de reforzar la vigilancia y control en los puertos españoles, así como de implementar medidas más estrictas para prevenir la corrupción entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
