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En lo que ya se considera una de las mayores operaciones contra el contrabando de los últimos años, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha desmantelado una descomunal red criminal que gestionaba seis fábricas ilegales de tabaco en España. La organización operaba a un nivel casi industrial: producía ocho millones de cigarrillos al día (unas 400.000 cajetillas) de primeras marcas falsificadas como Marlboro, Camel y Winston, generando un beneficio diario de 2,5 millones de euros, de los cuales dos millones eran puro fraude fiscal.
El macrooperativo, que ha coordinado a más de 300 efectivos en 23 localizaciones de todo el país, se ha saldado con 51 personas detenidas, la incautación de 20 millones de cigarrillos y la intervención de 38,4 toneladas de picadura de tabaco procedente de India, China y Emiratos Árabes Unidos.
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Fábricas «búnker» de quita y pon
Las factorías estaban camufladas en naves industriales aparentemente anodinas de Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla y Toledo, siempre situadas estratégicamente cerca de las principales autopistas para facilitar su distribución.
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Según explican mandos de la UCO, los centros de producción eran auténticos búnkeres diseñados con aislamiento total para evitar que trascendieran ruidos, olores o humedades sospechosas. Además, contaban con sus propios generadores eléctricos para que el consumo de luz no alertara a las compañías energéticas. El entramado criminal funcionaba con una flexibilidad pasmosa:
- Logística nómada: Cada factoría requería una inversión inicial de un millón de euros, pero estaba diseñada para ser desmontada y trasladada en caravanas de tráilers a otra provincia «en solo una semana» tras operar dos o tres meses en un mismo sitio.
- Maquinaria de vanguardia: Utilizaban tanto réplicas chinas como maquinaria original traída del este de Europa.
- Producción sin descanso: Operaban en turnos a destajo de 24 horas.
«El tabaco ilegal no tiene el reproche social que le corresponde, quizás porque lo connotamos con el antiguo contrabando. En otros países sí es así y se pone al nivel del tráfico de drogas», advierte uno de los mandos de la investigación, recordando que el tabaco tributa en España un 80% de su valor. Al vender cada cajetilla ilegal a 5 euros, la red eludía pagar 4 euros de impuestos por unidad a la Hacienda Pública, lo que elevaba el fraude anual a unos 200 millones de euros.
Mano de obra explotada y líderes internacionales
El entramado civil estaba liderado sobre el terreno por un ciudadano lituano —en el radar de Europol desde 2015— y otro de nacionalidad polaca, quienes coordinaban el negocio moviéndose por la península en coches de alta gama.
Para evitar fugas de información, la red reclutaba a ciudadanos de países del Este (Polonia, Ucrania, Moldavia, Letonia y Rumanía), muchos de ellos con experiencia previa en el sector tabaquero en sus países de origen, así como a desempleados locales en zonas con alta tasa de paro para la distribución minorista.
Las condiciones de los trabajadores en las fábricas rozaban la semiesclavitud. Vivían confinados dentro de las propias naves en condiciones de gran insalubridad, realizando jornadas leoninas durante meses. Aunque a algunos especialistas se les prometían sueldos de hasta 2.000 euros al mes, eran sometidos a un régimen de explotación total. En caso de averías mecánicas, la cúpula movilizaba a técnicos especializados extranjeros de su total confianza de forma inmediata.
Cooperación internacional para una red «made in Spain»
La investigación, bautizada como las operaciones Vernisa y Maidan-Cigalike, comenzó a fraguarse en 2020. Los analistas de la UCO señalan que desde 2015 la producción de tabaco ilegal se ha trasladado desde los contenedores transatlánticos directamente al suelo europeo, siendo Polonia, Bélgica (con el puerto de Amberes) y España los tres principales focos del continente. España resulta un terreno especialmente atractivo para estas mafias debido a sus excelentes vías de comunicación combinadas con áreas de baja densidad de población.
La caída de este imperio criminal ha sido un éxito coral coordinado por juzgados de Elche (Alicante) y Tarancón (Cuenca), y ha contado con la estrecha colaboración de Europol, la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) y los cuerpos policiales de una decena de países, con especial relevancia de las autoridades de Portugal, Lituania y Polonia.
Como dato curioso del panorama tabaquero actual que ayuda a entender el caldo de cultivo de este negocio ilegal: en España ya solo queda operativa una fábrica legal de tabaco, ubicada en las Islas Canarias. En cuanto al producto incautado, los agentes encargados del caso lo tienen claro de acuerdo a lo que transmiten los consumidores: a pesar del esfuerzo técnico de falsificación en el empaquetado, el tabaco que fabricaban «era malísimo».
