La Fiscalía Anticorrupción española ha profundizado en los orígenes del caso que rodea a la aerolínea Plus Ultra, identificando presuntas conexiones con un bróker venezolano y un exbanquero residente en Suiza.
La investigación, que sigue bajo secreto de sumario, se inició tras recibir datos de Francia y Suiza sobre una red internacional que, presuntamente, se dedicó al blanqueo de capitales con origen en Venezuela y que podría haber utilizado parte de los 53 millones de euros del rescate público concedido por el Gobierno a la aerolínea en 2021.
Entre los nombres que han surgido en estas pesquisas figura Danilo Alfonso Díazgranados, un bróker venezolano con amplia trayectoria en operaciones financieras internacionales y conexiones en Estados Unidos y República Dominicana, así como Luis Felipe Baca Arbulu, un exbanquero suizo cuyos movimientos patrimoniales en Europa están siendo examinados por las autoridades judiciales.
Las autoridades españolas y europeas creen que, a través de sociedades mercantiles, estos intermediarios podrían haber facilitado el flujo de fondos desde Venezuela hacia cuentas en Francia, Suiza y España, así como la adquisición de bienes como inmuebles o bienes de lujo, como parte del presunto entramado de blanqueo de capitales.
El juez del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que dirige la causa, también ha vinculado a otros implicados, incluidos dos altos directivos de Plus Ultra —el presidente Julio Martínez Sola y el consejero delegado Roberto Roselli— además de un empresario y un abogado español, quienes fueron detenidos recientemente por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y puestos en libertad con medidas cautelares.
Las pesquisas se centran en dilucidar si parte del rescate público fue desviada para financiar o encubrir transacciones vinculadas a la organización investigada, y si la aerolínea actuó como vehículo para estas operaciones en fechas próximas a la recepción de los fondos.
Las pesquisas, que también han incluido registros en propiedades relacionadas con los implicados en Alicante, Madrid, Tenerife y Mallorca, continúan en curso mientras la Fiscalía Anticorrupción analiza nuevos indicios remitidos por sus homólogos europeos.
