Las principales compañías energéticas de España, desde Iberdrola hasta Repsol, advierten que la incertidumbre fiscal y regulatoria amenaza con frenar proyectos clave en la transición energética.
En un movimiento poco habitual, las ocho mayores empresas energéticas que operan en España, agrupadas en el Club Español de la Energía (Enerclub), han emitido un comunicado conjunto dirigido a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. En el documento, las compañías expresan su preocupación por las políticas fiscales propuestas por Hacienda y advierten que estas podrían comprometer inversiones valoradas en 30.000 millones de euros destinadas a proyectos de transición energética en los próximos tres años.
El grupo, integrado por gigantes como Iberdrola, Repsol, Endesa, Naturgy, EDP, BP, TotalEnergies y Moeve (antes Cepsa), ha subrayado que la prórroga del impuesto energético o la creación de nuevas cargas fiscales «reducirán la ventaja competitiva» de España en energías renovables. Según el comunicado, el sector ha demostrado un «compromiso inversor absoluto», pero solo podrá mantener este nivel si se garantiza un «clima de confianza» con procedimientos normativos adecuados, estabilidad regulatoria y seguridad jurídica.
El impacto de la incertidumbre
Las empresas advierten que la actual situación podría afectar no solo los proyectos inmediatos, sino también los objetivos a largo plazo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que prevé inversiones de 308.000 millones de euros hasta 2030. De esta cifra, el 82% depende de la inversión privada, lo que hace imprescindible, según las empresas, «fomentar la competitividad» y generar un entorno atractivo para los capitales internacionales.
Un problema más amplio
El debate sobre la seguridad jurídica no se limita al sector energético. Durante el congreso anual de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), celebrado en Santiago de Compostela, líderes empresariales como Laura González-Molero (APD), Alejandro Beltrán (McKinsey) y Juan Carlos Escotet (Abanca) coincidieron en destacar los efectos negativos de la «hiperregulación» y la inseguridad fiscal. Escotet señaló que la excesiva regulación puede suponer hasta un 20% del margen de intereses en algunas empresas.
El Círculo de Empresarios también se ha pronunciado, instando a que las medidas tributarias se implementen con «máximas garantías jurídicas» para evitar la fuga de inversiones.
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Montero minimiza el riesgo
Por su parte, la vicepresidenta Montero ha restado importancia a estas advertencias, asegurando que las críticas de los sectores afectados buscan presionar para evitar medidas fiscales. Sin embargo, ha cuestionado que el riesgo de perder inversiones sea tan elevado como aseguran las empresas.
Con las tensiones en aumento, el Gobierno se enfrenta al desafío de equilibrar su política fiscal con el apoyo al sector privado para garantizar que España mantenga su liderazgo en la transición energética.
