El PNV, ERC y Bildu reclaman al Gobierno que desbloquee la nueva normativa en el Congreso para evitar desclasificaciones «por trozos» o «interés político» coincidiendo con el aniversario del golpe.
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de desclasificar los documentos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 ha abierto una nueva brecha con sus aliados parlamentarios. Pese a que el Ejecutivo ampara este movimiento en el cumplimiento del plazo de 45 años que fija la legislación vigente, los socios de investidura han acogido la noticia con escepticismo, calificándola de «insuficiente» y acusando a la Moncloa de utilizar la transparencia de forma arbitraria.
El bloque que sostiene al Gobierno coincide en una demanda unánime: la reactivación inmediata del proyecto de Ley de Información Clasificada, que sustituirá a la norma de 1968 heredada de la dictadura y que permanece bloqueada en el Congreso de los Diputados desde hace siete meses.
El PNV y ERC denuncian «excusas» e intereses políticos
El PNV, que abandera la reforma de esta normativa desde 2016, interpreta que el anuncio responde a un «interés político» vinculado al calendario y no a una voluntad real de transparencia estructural. Los nacionalistas vascos denuncian que el Ejecutivo ha ido «encadenando excusas» para mantener encallada su proposición de ley y exigen que la determinación mostrada con el 23-F se aplique al resto de archivos históricos.
Te interesa
En una línea similar, ERC enmarca la maniobra en un intento de desviar la atención de los problemas de gestión del presidente Sánchez. Su secretaria general, Elisenda Alamany, admitió tener «poca esperanza» sobre el alcance real de la documentación que verá la luz, mientras que desde el BNG advierten de que vigilarán si se hace pública la totalidad de los archivos, sugiriendo que existen «altas instituciones implicadas» en la asonada militar.
La presión de Sumar, Podemos y Bildu por otros episodios
Desde el espacio de Sumar y Podemos, la crítica se centra en el carácter fragmentario de la medida. Antonio Maíllo (IU) y Enrique Santiago (PCE) han instado al Gobierno a no legislar «para sacar titulares» y a aprobar la nueva norma antes de que expire la legislatura para evitar desclasificaciones «aleatorias».
Por su parte, EH Bildu ha aprovechado el debate para reclamar que la apertura de archivos se extienda a otros episodios oscuros de la historia reciente de España, como los sucesos de Vitoria, los crímenes de los GAL bajo el mandato de Felipe González o el caso Zabalza. Junts per Catalunya, a través de Jordi Turull, ha supeditado el interés por la «arqueología política» del 23-F a la necesidad de desclasificar íntegramente los documentos de las denominadas «cloacas del Estado».
El Gobierno estudia fusionar proyectos ante las críticas de la oposición
Ante el riesgo de que la desclasificación parcial sea vista como un gesto vacío, el PSOE analiza vías para desbloquear la situación parlamentaria. Una de las opciones que baraja Ferraz es la de «fundir» su proyecto de ley con la propuesta histórica del PNV para garantizar una mayoría suficiente en la Cámara Baja.
Mientras tanto, en la bancada de la oposición, el discurso es de rechazo absoluto. Tanto el Partido Popular como Vox han coincidido en calificar la medida de «cortina de humo». El PP sostiene que los españoles ya conocen lo sustancial del 23-F y reclama explicaciones sobre la gestión de los últimos ocho años de Sánchez. Santiago Abascal, líder de Vox, ha sugerido que el presidente debería desclasificar asuntos mucho más recientes en lugar de recurrir a episodios del pasado para evitar debates que le resultan incómodos.
