El Gobierno central estudia los pasos jurídicos a seguir ante el desafío lanzado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha abierto un nuevo frente con el Ejecutivo al cuestionar la aplicación de la ley del aborto en la región.
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Tras las recientes discrepancias por la ley de memoria democrática y los conflictos surgidos en el ámbito universitario, la dirigente madrileña ha vuelto a situarse en el centro del debate político nacional. Desde Moncloa consideran que la decisión del Gobierno autonómico de revisar la normativa estatal sobre interrupción voluntaria del embarazo podría suponer un incumplimiento legal y están valorando llevar el asunto ante los tribunales.
Fuentes del Ejecutivo señalan que la prioridad es “garantizar que todas las mujeres, con independencia de la comunidad en la que vivan, puedan ejercer sus derechos reconocidos por ley”. Mientras tanto, desde el Gobierno madrileño defienden su postura alegando que “la Comunidad tiene competencias para organizar sus servicios sanitarios y ofrecer la mejor atención posible”.
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El nuevo enfrentamiento se suma a una lista de tensiones crecientes entre Madrid y el Gobierno central, que ve en la actitud de Ayuso una estrategia de confrontación política de cara al escenario nacional.
