La reciente condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha generado reacciones encontradas entre los principales partidos de derecha. El Tribunal Supremo le impuso dos años de inhabilitación especial para el cargo, una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales. La sentencia, de 233 páginas, se dio a conocer en su fallo el pasado 20 de noviembre, y este martes se publicó la argumentación completa del tribunal junto con el voto particular de las dos magistradas disidentes.
Desde el Partido Popular, la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, destacó que todavía no ha tenido tiempo de leer toda la resolución, aunque defendió que el Supremo, como máximo órgano jurisdiccional, ha emitido una sentencia “profunda” que explica los fundamentos jurídicos de la condena. “Que el fiscal general redacte notas de prensa incluyendo datos protegidos y secretos de particulares es ilegal. Aquí tienen la sentencia todos los que clamaban por ella para atacar a los jueces”, afirmó Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, en redes sociales.
Por su parte, Pepa Millán, de Vox, acusó al PSOE de ser “un partido corrupto en todos los sentidos” y aseguró que “está arrastrando consigo a la Justicia con la reciente condena al fiscal general del Estado”.
En contraste, Sumar, socio del PSOE en la coalición de Gobierno, calificó la decisión judicial como una “sentencia a demanda” y defendió que la Fiscalía General del Estado únicamente ha buscado proteger la institución frente a bulos promovidos por poderes políticos y económicos. “Ahora más que nunca toca defender la democracia”, indicaron desde el partido en redes sociales.
