El conflicto del Sáhara Occidental no solo refleja tensiones regionales, sino que también tiene implicaciones directas sobre territorios españoles como Ceuta y Melilla. Medio siglo después de la Marcha Verde y del Acuerdo de Madrid de 1975 —que puso fin a la administración española y dio inicio a la ocupación marroquí del Sáhara Occidental— el pueblo saharaui continúa reclamando su derecho a la autodeterminación. La ONU mantiene al territorio como “pendiente de descolonización” en resoluciones como la 34/37 y la 35/19.
El desierto saharaui es rico en recursos minerales y estratégicos. Bucraa alberga una de las mayores reservas de fosfato del mundo, esencial para la agricultura global, y el territorio posee cuencas sedimentarias con potencial para hidrocarburos. Marruecos controla más del 70 % de estas reservas, y su dominio del Sáhara Occidental refuerza esta ventaja. La ubicación costera del territorio facilita además el comercio con Europa y África y proporciona acceso a caladeros de gran valor gracias a la corriente fría de Canarias.
El proyecto político del ‘Gran Marruecos’, que combina nacionalismo, panarabismo e irredentismo, incluye la recuperación de territorios históricos que afectan directamente a España: Ceuta y Melilla, junto con amplias zonas del norte de África, formarían parte de esta visión expansionista. Esto refuerza la relevancia estratégica de Ceuta como enclave europeo en territorio africano, clave para el control de rutas comerciales y marítimas en el Mediterráneo occidental y el Atlántico.
Mientras tanto, el Frente Polisario asegura que no ha recibido “invitación oficial” para negociar el plan de autonomía propuesto por Marruecos, evidenciando la persistencia del conflicto y la incertidumbre sobre el futuro tanto del Sáhara Occidental como de los enclaves españoles en la región.
