El sindicato ha presentado una denuncia ante el Juzgado por “eludir el cumplimiento” de varias sentencias en su contra por el “desmesurado nombramiento de cargos”. Según UGT estos hechos pueden ser constitutivos de prevaricación, malversación de caudales públicos y estafa procesal”
UGT ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4, contra el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, por “eludir el cumplimiento de las variadas sentencias en su contra por el desmesurado nombramiento de cargos que, como bien ha quedado demostrado en los Tribunales, no se ajustan a derecho“.
El sindicato adelantaba el pasado 18 de este mes que sus servicios jurídicos estaban elaborando una denuncia por el “incumplimiento reiterado” del Ejecutivo Local de las sentencias judiciales y que, finalmente, “fueron calificadas por el propio Tribunal Supremo de fraude de ley“. Dicha sentencia ha sido ya elaborada por los servicios jurídicos del sindicato.
Los sindicalistas aducen a la “pirueta de cambiar las denominaciones de todos estos puestos de confianza para prolongar en el tiempo el incumplimiento de sentencias firmes, habiendo llegado al culmen de hacer esta misma operación con una sentencia del Supremo en Casación”, e incluso lo sucedido la semana pasada en la que con una sentencia en contra del Contencioso nº 1, “sobre el exceso de asesores se atreven a multiplicarlos por dos, por mucho que pretendan dividir la jornada y en una situación crítica de la economía local, nos ratifican en la idea de que el desapego a la Ley de este Ejecutivo es patente”.
Por todo ello han puesto todos estos hechos en conocimiento de la jurisdicción competente para que “actúe en consecuencia y se le impida al Gobierno del señor Vivas seguir dilapidando recursos públicos a pesar de tener sentencias en contra”.
UGT confía en que la justicia intervenga en beneficio del bolsillo de los ciudadanos y que “se acabe de una vez con estas tretas para eludir la acción de la justicia ya que entendemos que pueden ser constitutivos de prevaricación, malversación de caudales públicos y estafa procesal“.
