La muerte del agente de la Policía Nacional Carlos, tras ser brutalmente agredido con una piedra mientras trataba de impedir un robo fuera de servicio en Vinalesa, ha conmocionado a los cuerpos policiales y a la sociedad valenciana. Tras permanecer 17 días en coma, el agente falleció, dejando un profundo vacío en su familia y aumentando la presión sobre las autoridades para implementar medidas que garanticen la seguridad de quienes patrullan las calles.
El sindicato Jupol, mayoritario entre los policías nacionales, ha convocado una manifestación de carácter urgente el miércoles 3 de diciembre, de 12:00 a 14:00 horas, frente a la Delegación del Gobierno en Valencia, en la Plaza del Temple, 1. La concentración busca rendir homenaje a Carlos, denunciar la escalada de violencia contra los agentes y exigir respuestas inmediatas de las instituciones.
«La muerte de un policía nacional no puede ser un simple dato estadístico ni un titular más. Es una tragedia de Estado que requiere decisiones urgentes y valientes», señaló Jupol en un comunicado.
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Desde el sindicato subrayan que han respetado el luto de la familia durante los primeros días tras el fallecimiento y que la protesta surge ahora ante la «cadena creciente de episodios de violencia extrema» contra agentes. Jupol asegura que estos ataques no son hechos aislados, sino el resultado de un aumento descontrolado de agresiones en los últimos años, que incluye emboscadas, ataques con armas de guerra y palizas brutales.
Aarón Rivero, secretario general de Jupol, declaró: «Los policías nacionales no queremos homenajes póstumos ni minutos de silencio. Queremos volver vivos a casa. El Estado tiene la obligación de proteger a quienes lo protegen, y esta obligación se está vulnerando diariamente».
El sindicato denuncia además la falta de defensa institucional, la normalización de insultos y amenazas, y la insuficiente protección material y jurídica de los agentes. Según datos oficiales, en 2024 se registraron cerca de 17.000 agresiones a policías nacionales y guardias civiles, una cifra histórica que muchas veces no aparece reflejada en los informes oficiales.
Jupol responsabiliza directamente al Ministerio del Interior por esta situación, criticando años de promesas incumplidas y ausencia de reformas legales urgentes, y exige la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska, al considerar que la falta de medidas ha contribuido a un colapso de seguridad que ya se cobra vidas.
El fallecimiento de Carlos se produce pocas horas después de que un senador afirmara que los policías «nos teníamos que ganar la profesión de riesgo», declaraciones calificadas por Jupol como «profundamente irrespetuosas y desconectadas de la realidad diaria de los agentes».
El sindicato reclama un paquete de medidas inmediatas que incluya: endurecimiento de penas por agresiones a policías, agravante penal específico, campañas de refuerzo del principio de autoridad, dotación obligatoria de chalecos antibalas, renovación de material caducado, refuerzo de plantillas en zonas conflictivas y actualización del Catálogo de Puestos de Trabajo.
