El empresario Víctor de Aldama compareció este jueves ante la Audiencia Nacional en el marco de la investigación por un millonario fraude en el IVA de hidrocarburos de la empresa Villafuel, que habría ascendido a 182,5 millones de euros entre 2022 y 2024.
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De Aldama fue detenido el 7 de octubre de 2024 y permaneció un mes en prisión preventiva, junto al propietario de Villafuel, Claudio Rivas, hasta que quedó en libertad tras comprometerse a colaborar con la Justicia en el caso Koldo, por el que afronta una pena de siete años de cárcel y cuya causa se encuentra pendiente de juicio en el Tribunal Supremo.
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El interrogatorio a De Aldama se produce después de que Rivas anunciara al juez Santiago Pedraz que no prestaría declaración hasta que fueran citados todos los imputados y testigos de esta nueva ronda de diligencias. Asimismo, este miércoles declaró como testigo Marc Pons, jefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien confirmó haber mantenido encuentros con Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, sin relación con la obtención de la licencia de operador para Villafuel.
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En su primera declaración tras ser detenido, De Aldama negó vínculos con Villafuel, pese a describir a Rivas como socio y amigo personal, calificando de “broma” cualquier relación con la empresa. Según la Unidad Central Operativa (UCO), la presunta trama liderada por De Aldama buscaba que Villafuel obtuviese la autorización como operador mayorista de hidrocarburos, licencia que finalmente se concedió el 12 de septiembre de 2022 al considerar que cumplía los requisitos de capacidad financiera.
Además de De Aldama, están citados como testigos Manuel Hernández García, presuntamente vinculado a mensajes con Aldama en marzo de 2021 antes de una negativa de autorización, y Manuel S., empresario señalado como intermediario en la adquisición de un inmueble relacionado con Ábalos y vinculado a la operadora Gaslow, propiedad también de Rivas y bajo investigación por otro fraude de IVA en hidrocarburos.
El caso continúa su instrucción en la Audiencia Nacional, donde se espera que nuevas declaraciones aporten luz sobre la compleja trama que combina fraude fiscal y posibles influencias políticas en el sector energético.
