La Institución investiga el inicio de expedientes de expulsión a ciudadanos que habían solicitado la escolarización de sus hijos e hijas en Melilla tras realizar trámites en dependencias policiales. Fernández Marugán pide a la Delegación del Gobierno y a la Jefatura Superior de Policía de Melilla la revisión de esta práctica ya que provoca situaciones “injustas o perjudiciales” para estas personas
El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha vuelto a reclamar que las personas extranjeras en situación irregular puedan acudir a una comisaría a realizar un trámite o a denunciar un delito sin temor a ser expulsados.
En la tramitación de una queja por el inicio de expedientes de expulsión a familias que viven en Melilla desde hace muchos años y que habían solicitado escolarizar a sus hijos e hijas menores de edad, la Institución ha recibido un escrito de la Jefatura Superior de la Policía de la Ciudad Autónoma que reconoce esta práctica y la justifica en la aplicación de la normativa de la Ley de Extranjería.
Se da la circunstancia de que algunos de los procedimientos de expulsión se han incoado a personas que estaban realizando los trámites necesarios para poder escolarizar a sus hijos el curso que viene tras haber sido aceptadas por parte del Ministerio de Educación varias resoluciones del Defensor del Pueblo.
En opinión de Fernández Marugán, el cumplimiento riguroso de la norma provoca situaciones “injustas o perjudiciales” para estas personas que llevan años residiendo en la citada ciudad autónoma.
Por este motivo, ha pedido a la Delegación del Gobierno y a la Jefatura Superior de Policía de Melilla que revisen esta práctica de incoar expedientes sancionadores a los ciudadanos extranjeros cuando acuden a una Comisaría de Policía para realizar los trámites necesarios para ejercer el derecho a la educación de sus hijos o el acceso a la sanidad.
Aunque el de Melilla es uno de los últimos casos detectados, el Defensor lleva recibiendo quejas sobre este asunto desde hace varios años y desde diversos puntos de la geografía nacional, como Navarra, Valencia o Andalucía.
Así, la Institución mantiene abierta otra actuación con la Dirección General de la Policía tras conocer, a través de una asociación, la situación de tres mujeres extranjeras madres de menores españoles, a las que se incoó un expediente de expulsión tras acudir a la comisaría de Paterna para expedir o renovar el DNI de sus hijos.
Para la Institución, esta práctica tiene un claro efecto disuasorio que pone en peligro la actividad punitiva del Estado, supone una quiebra de los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica y vulnera el Estatuto de la víctima.
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Por ello, ya en 2004, dirigió una recomendación para proteger el denominado ‘safe reporting’, esto es, que haber sido testigo o víctima de un delito pueda ser denunciado con seguridad, independientemente de la situación administrativa del denunciante.
Sin embargo, esta recomendación fue parcialmente aceptada en 2009 tan solo para las denuncias formuladas por mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.
Así las cosas, el Defensor volvió a dirigir en 2019 una recomendación para asegurar que las personas extranjeras en situación irregular puedan formular denuncia, sin que se les derive por esta causa, a la incoación de un procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional. Esta resolución fue rechazada.
