El Consejo de Europa ha emitido un fallo contundente contra España por la situación crítica que viven los habitantes de la Cañada Real Galiana, un barrio marginal de Madrid. Desde octubre de 2020, unos 4.500 vecinos, incluidos más de 1.800 menores, han estado sin suministro eléctrico. Esta situación se originó cuando la empresa Naturgy cortó la electricidad debido a las subidas de tensión causadas por cultivos ilegales de marihuana.
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El Comité Europeo de Derechos Sociales ha determinado que España está incumpliendo al menos diez derechos de la Carta Social Europea. Entre estos derechos se encuentran el acceso a una vivienda digna, protección social y económica, y la inclusión social de personas con discapacidad. Manuel Rodríguez, secretario de políticas sociales de CC.OO. Madrid, ha destacado que la falta de electricidad también afecta el derecho a la educación, ya que muchos niños no pueden realizar sus tareas escolares.
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Rodríguez ha advertido sobre los riesgos para la salud de los residentes, mencionando un aumento en infecciones respiratorias y otras enfermedades. La resolución del Consejo de Europa se publicará oficialmente en febrero de 2025, pero ya se anticipa que obligará a las autoridades a restablecer el suministro eléctrico de manera permanente.
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La Respuesta de las Administraciones
El fallo no solo responsabiliza al Gobierno de España, sino también a la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el municipio de Rivas. Estas administraciones son las encargadas de garantizar los derechos de los vecinos de la Cañada Real. Sin embargo, la solución no parece ser sencilla. Rodríguez ha enfatizado que los realojos no son la respuesta adecuada, ya que muchos residentes desean permanecer en su comunidad.
En respuesta a la situación, el Ayuntamiento de Rivas ha propuesto la creación de un consorcio entre las administraciones implicadas. Este consorcio buscaría agilizar la solución al problema de la falta de luz, asegurando los derechos fundamentales de la población afectada. La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, ha señalado que esta medida también garantizaría el suministro eléctrico hasta que se completen los realojos.
Un Futuro Incertidumbre
El plan de realojos, parte del Pacto Regional de la Cañada Real, cuenta con un presupuesto de 330 millones de euros para los próximos diez años. Sin embargo, la ejecución de este plan es lenta y enfrenta numerosos desafíos. Mientras tanto, los residentes continúan viviendo en condiciones precarias, comparando su situación con la de prisioneros debido a la falta de servicios básicos.
Comisiones Obreras y otras organizaciones continúan presionando para que se tomen medidas inmediatas. La esperanza es que el fallo del Consejo de Europa impulse a las autoridades a actuar con rapidez y eficacia para resolver esta crisis humanitaria en el corazón de Madrid.
