El Partido Popular ha declarado que no ha otorgado licencia de primera ocupación al chalet del juez Peinado, situado en el municipio de La Adrada, en la provincia de Ávila. La controversia en torno a esta construcción ha tomado fuerza después de que el físico jubilado y activista Fernando Jabonero Orasio denunciara irregularidades en el proceso urbanístico y la supuesta inacción del Ayuntamiento de La Adrada.
Te interesa
Lee tambien: Miguel Tellado defiende el acuerdo con Vox para el Senado y asegura que «es lo mejor para España»
Jabonero, un exprofesor de matemáticas y defensor del cumplimiento de la ley, ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen las posibles infracciones urbanísticas relacionadas con la construcción del chalet. En una entrevista reciente, explicó que tomó esta decisión tras solicitar información al Ayuntamiento sobre los informes técnicos y jurídicos relativos a las licencias del inmueble, sin obtener respuesta.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Presuntas irregularidades urbanísticas
Lee tambien: Albares asegura que los cónsules trabajan a «toda velocidad» para remitir al Supremo la lista de la ley de nietos
El activista afirma que la construcción del chalet podría haberse realizado en un terreno no apto para edificación, algo que supondría una infracción urbanística. Según Jabonero, se habría llevado a cabo una recalificación de suelo “ad hoc”, algo que, asegura, no es legal. “La recalificación debe hacerse con un sentido general y destinado a una pluralidad de destinatarios, no de forma específica para un caso concreto”, señaló.
Además, destacó que, si el terreno no contaba con las infraestructuras mínimas ni con la debida calificación, no debió otorgarse la licencia de construcción ni la de primera ocupación. De confirmarse estas irregularidades, el chalet podría ser considerado “ilegal e ilegalizable”.
¿Demolición en el horizonte?
En caso de que la Fiscalía decida actuar, Jabonero indicó que se podría investigar si el chalet incurre en un presunto atentado contra la ordenación del territorio. En última instancia, si se determinara que la construcción es ilegalizable, el inmueble podría enfrentarse a una orden de demolición.
“Algo que ha nacido en plena ilegalidad no puede permanecer en el mundo jurídico”, explicó Jabonero. También señaló que, en este tipo de casos, el Ayuntamiento tiene la obligación de informar al Registro de la Propiedad sobre las irregularidades para que queden reflejadas y cualquier comprador potencial sea consciente de los problemas legales asociados a la vivienda.
Antecedentes y posibles precedentes
Jabonero comparó este caso con el del fiscal de Talavera, cuyo chalet fue construido en un terreno afectado por un arroyo. Tras años de litigios, se dictó una sentencia de demolición, aunque esta aún no se ha ejecutado. Según el activista, estos procesos pueden ser largos, pero confía en que se logre esclarecer la situación legal del chalet del juez Peinado.
La postura del PP
El Partido Popular ha defendido que no ha concedido la licencia de primera ocupación al chalet y se desmarca de las posibles irregularidades urbanísticas. Sin embargo, la denuncia presentada pone el foco en la presunta inacción municipal al no haber realizado las inspecciones obligatorias cuando se tuvo conocimiento de la posible infracción.
Este caso ha despertado un debate sobre la transparencia y la aplicación de la normativa urbanística en los municipios, especialmente cuando están implicadas figuras públicas. Mientras tanto, Jabonero asegura que continuará luchando por el cumplimiento de la ley: “Todo llega. La justicia debe prevalecer, aunque tarde años.”
