El Gobierno acuerda con Junts la aprobación de un decreto que incluye la subida de pensiones y otras medidas sociales, mientras deja en suspenso las tensiones entre ambos partidos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un giro inesperado al aceptar la tramitación de la proposición no de ley impulsada por Junts que solicita que el Ejecutivo se someta a una cuestión de confianza. Esta decisión se produce tras llegar a un acuerdo con el partido de Carles Puigdemont para salvar el decreto que recoge medidas sociales como la revalorización de las pensiones. El pacto marca un nuevo capítulo en la tensa relación entre PSOE y Junts, que en los últimos días había alcanzado un punto crítico.
La propuesta de la cuestión de confianza, que llevaba bloqueada en la Mesa del Congreso desde el pasado 16 de enero, se había convertido en un escollo para las negociaciones. PSOE y Sumar, con mayoría en el órgano parlamentario, habían decidido aplazar su tramitación, lo que desató la indignación de Junts. Puigdemont incluso anunció la ruptura de las negociaciones sectoriales con los socialistas, congelando las conversaciones.
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Sin embargo, la dinámica cambió este martes cuando ambas partes lograron recomponer su relación, sellando un acuerdo que desbloquea el polémico decreto. Este incluye no solo la revalorización de las pensiones y el Ingreso Mínimo Vital, sino también ayudas al transporte público, la moratoria para desahucios y compensaciones por ocupaciones ilegales de viviendas. Asimismo, el decreto incorpora la cesión al PNV de un palacete en París, una medida que había causado fricciones con la oposición, especialmente el Partido Popular.
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Un pacto con límites claros
Aunque el acuerdo supone un respiro para Sánchez, Junts ha dejado claro que no será un apoyo incondicional. En un comunicado, el partido separatista subrayó que quedan fuera del pacto varias cuestiones clave: medidas tributarias, ayudas a empresas electrointensivas, ajustes en el impuesto a bancos y propuestas que consideraban una vulneración de competencias catalanas, como la modificación de la ley de la sociedad de la información. «Seguiremos negociando cuando haya un marco serio y respetuoso con nuestras competencias», indicó Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso.
El Consejo de Ministros aprobó el decreto tras retrasar su reunión inicial para asegurar el apoyo de Junts. Sin embargo, Sánchez aclaró en rueda de prensa que, aunque acepta la tramitación de la cuestión de confianza, no tiene intención de someterse a ella. «Lo que hemos pactado con Junts es lo que reconoce la Constitución. La competencia constitucional sobre la cuestión de confianza recae en el Gobierno de España previa deliberación del Consejo de Ministros», afirmó el presidente, zanjando cualquier especulación sobre un eventual voto en el Congreso.
Impacto político y social del acuerdo
El acuerdo permite a Sánchez superar el escollo del decreto, que había enfrentado duras críticas por parte de la oposición. El Partido Popular acusó al Gobierno de priorizar sus pactos políticos sobre la urgencia de las medidas sociales, como la subida de pensiones. Por su parte, Junts logra arrancar concesiones clave, reforzando su posición de influencia sobre un Ejecutivo en minoría.
Este episodio refleja la fragilidad de las alianzas en el actual panorama político y marca un nuevo hito en la estrategia de negociación de Sánchez con los partidos separatistas. Queda por ver si este acuerdo será suficiente para mantener la estabilidad parlamentaria o si la cuestión de confianza reabrirá nuevas tensiones en los próximos meses.
