La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que el Gobierno se encuentra en las fases finales de elaboración de la nueva Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud. Esta ley es un paso fundamental en la estrategia del Ejecutivo para restringir la colaboración entre el sector público y el privado en la gestión de hospitales públicos.
Según García, se prevé que la ley sea aprobada a principios de 2026, con el objetivo de «blindar» el sistema de salud público frente a los intereses de los fondos de inversión y asegurar que la atención a la salud siga siendo un derecho accesible para todos los ciudadanos.
En una reciente entrevista concedida a El País, la ministra subrayó que esta nueva norma revocará parcialmente la ley del 97, que permitía la habilitación de nuevas modalidades de gestión en el Sistema Nacional de Salud, para así limitar la colaboración público-privada.
García fue contundente al afirmar que «el problema radica en que la colaboración público-privada ha cambiado de forma y ha pasado a ser una relación parasitaria». Con esta ley, el Gobierno busca establecer normas claras que garanticen la integridad del sistema público de salud.
«Esta legislación no prohíbe la colaboración entre entidades públicas y privadas, pero sí restringe que estas se realicen con empresas que operan con fines de lucro», explicó. La ministra incidió en la necesidad de regular este tipo de acuerdos para evitar abusos y asegurar que la atención a la salud no sea mercantilizada.
García también mencionó que esta nueva ley es más amplia en su alcance y permite una mayor protección de la sanidad pública frente a los intentos de privatización. «El objetivo es poner un coto al ánimo de lucro, protegiendo así nuestro sistema de salud, que debe estar al servicio de la ciudadanía y no de los intereses económicos».
El escándalo reciente en el hospital público de Torrejón de Ardoz, gestionado por la empresa privada grupo Ribera Salud, ha impulsado la urgencia de esta nueva normativa. La situación evidenció las fallas de la gestión privada en la atención sanitaria, generando un fuerte debate sobre la efectividad de dicho modelo en el bienestar de los pacientes.
Este tipo de iniciativas legislativas se producen en un contexto donde la población demanda una sanidad pública de calidad, gestionada de manera responsable y con la debida transparencia. Así, la propuesta de ley va de la mano con un deseo social de reafirmar el compromiso del Estado con la salud pública, como un derecho fundamental.
