El Tribunal de lo Laboral de París (Conseil prud’hommes) ha fallado a favor de Kylian Mbappé y ha condenado al París Saint-Germain (PSG) a abonarle cerca de 61 millones de euros en concepto de atrasos salariales y primas impagadas. Aunque el futbolista reclamaba inicialmente más de 260 millones de euros y el club exigía 440 millones, la decisión fue unánime a favor del jugador del Real Madrid. Se espera que el PSG recurra la sentencia, pero el tribunal ha ordenado la ejecución provisional, obligando al club a pagar de inmediato.
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La disputa legal que ha enfrentado a Kylian Mbappé con el PSG durante meses culminó este martes en una tensa audiencia. El Conseil prud’hommes de París (equivalente al Juzgado de lo Social en España) decidió por unanimidad de sus cuatro jueces desestimar las reclamaciones del equipo parisino y dar la razón al futbolista. La condena establece que el PSG debe pagar alrededor de 61 millones de euros.
Los abogados de Mbappé, Frédérique Cassereau y Delphine Verheyden, destacaron a la salida del juzgado que la sentencia ordena la ejecución provisional, lo que significa que el club «debe pagar de inmediato», incluso si presenta un recurso, algo que se da por hecho.
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Compromisos incumplidos y Ley Laboral
Los representantes legales del jugador subrayaron que este fallo «confirma que los compromisos adquiridos deben cumplirse» y que «reafirma una verdad simple: incluso en la industria del fútbol profesional, la legislación laboral se aplica a todos».
Los abogados recordaron que Mbappé «cumplió escrupulosamente sus obligaciones deportivas y contractuales durante siete años, hasta el último día», e hizo todo lo posible para evitar el litigio, llegando incluso a retirar una denuncia previa por acoso para distender la situación. A pesar de ello, el jugador llevaba más de 18 meses exigiendo el pago de su salario y bonificaciones retenidas.
El fallo judicial subraya la necesidad de que el PSG cumpla con sus obligaciones contractuales, un principio que los abogados de Mbappé esperan que se respete de forma voluntaria, evitando tener que recurrir a un agente judicial.
