La Audiencia Nacional ha dictado sentencia en una de las principales piezas de la Operación Púnica, condenando a 29 de los 37 acusados por su implicación en el amaño de contratos públicos de eficiencia energética adjudicados a la empresa Cofely entre los años 2012 y 2014.
Lee tambien: La Audiencia Nacional retoma las causas judiciales que salpican al PSOE
El principal condenado es el empresario David Marjaliza, considerado uno de los cabecillas de la trama, quien ha sido sentenciado a ocho años y dos meses de prisión por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, fraude a la administración pública, prevaricación, cohecho y falsedad documental. El tribunal ha aplicado atenuantes por confesión tardía, dilaciones indebidas y reparación del daño.
Junto a Marjaliza, también han sido condenados varios directivos de Cofely, al considerar probado que participaron en un sistema diseñado para obtener contratos municipales a cambio de comisiones y otros beneficios económicos. La sentencia señala que los mecanismos de control interno de la empresa fueron insuficientes para prevenir las prácticas corruptas.
Lee tambien: Vox lleva a la Audiencia Nacional la licencia de La Séptima: qué pasará con el estreno del nuevo canal
Además, seis exalcaldes de distintos municipios de la Comunidad de Madrid han sido condenados a penas de prisión o inhabilitación por su participación en las adjudicaciones irregulares. Entre los municipios afectados se encuentran Parla, Móstoles, Collado Villalba, Moraleja de Enmedio y Serranillos del Valle. En algunos casos, el tribunal ha impuesto penas de cárcel y, en otros, inhabilitación para cargo público.
Por el contrario, dos exalcaldes han sido absueltos al no quedar acreditada su participación directa en los hechos investigados.
La resolución judicial describe un entramado estable de corrupción que operó durante varios años mediante sociedades instrumentales y testaferros, con el objetivo de manipular concursos públicos y garantizar adjudicaciones fraudulentas.
Con esta sentencia, la Audiencia Nacional pone fin a una de las causas más relevantes derivadas de la Operación Púnica, considerada una de las mayores tramas de corrupción política investigadas en España en la última década.








