El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado este martes la extradición a Estados Unidos de Vitaly Vanshelboim, ex alto cargo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), acusado por la justicia estadounidense de haber recibido sobornos millonarios a cambio de desviar cerca de 60 millones de dólares procedentes de subvenciones y préstamos destinados a proyectos internacionales.
La decisión ratifica la resolución adoptada el pasado 21 de octubre por la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, ante la que Vanshelboim presentó recurso. En su defensa, el exfuncionario alegó que gozaba de inmunidad diplomática por su condición de empleado de la ONU y sostuvo que Estados Unidos no había solicitado la autorización correspondiente al secretario general de la organización, António Guterres, para proceder con el proceso judicial.
La resolución ha contado con el respaldo mayoritario de los magistrados, aunque uno de ellos emitió un voto particular en el que defendía que la entrega debía condicionarse a una confirmación expresa por parte de la ONU sobre la inexistencia de inmunidad. Pese a esta discrepancia, la decisión es firme y no recurrible, quedando ahora pendiente únicamente del visto bueno del Gobierno español para que se ejecute la extradición.
Vanshelboim, de origen ucraniano, desarrolló su carrera profesional durante casi tres décadas en Naciones Unidas y llegó a ocupar el cargo de director ejecutivo de UNOPS, el organismo encargado de la gestión de proyectos de infraestructuras y adquisiciones en numerosos países. Fue detenido en marzo en Alicante, tras una orden internacional de arresto, y desde entonces permanece en prisión preventiva ante el riesgo de fuga apreciado por el tribunal.
Las autoridades estadounidenses le imputan delitos de soborno, fraude electrónico y blanqueo de capitales, que presuntamente se produjeron entre 2015 y 2023. Según la acusación, el ex alto cargo habría manipulado contratos y fondos de la ONU para beneficiar a empresas vinculadas a un empresario británico a cambio de pagos ilícitos.
Durante el proceso, Vanshelboim también sostuvo que era víctima de una supuesta persecución política relacionada con intereses geoestratégicos entre Estados Unidos y Ucrania, una tesis que la Audiencia Nacional rechazó al considerar que no existían indicios objetivos que la respaldaran.
