El Partido Popular ha solicitado al Gobierno la entrega completa de los contratos formalizados por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos durante el tiempo en que Leire Díez, conocida como la ‘fontanera’ del PSOE, ocupó cargos de responsabilidad en la empresa pública. Además, reclama una auditoría interna de todas las negociaciones en las que Díez pudo intervenir.
Te interesa
Lee tambien: Feijóo marca líneas rojas a Marruecos y exige poner fin a los chantajes en las fronteras de Ceuta
Los populares dirigen estas exigencias al presidente actual de Correos, Pedro Saura, y buscan conocer también el listado de inmuebles vendidos o arrendados en ese período, así como la participación de Díez en dichas operaciones. La petición se realiza a través del Congreso y coincide con investigaciones judiciales en curso por presuntas irregularidades en la gestión de la ex dirigente socialista.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
La Unidad Central Operativa (UCO) se personó el pasado 12 de diciembre en sedes de Correos y de organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, requiriendo documentación sobre contratos y subvenciones sospechosos de estar vinculados a la trama por la que Díez fue detenida.
Lee tambien: PSOE exige limpieza de pintadas en cementerio de Santa Catalina
El PP critica que Díez fue «descaradamente enchufada» por el entonces presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, nombrado por criterios políticos y sin experiencia suficiente, y apunta que su gestión dejó pérdidas superiores a los mil millones de euros.
Entre las presuntas irregularidades, destacan la supuesta adjudicación a dedo de un contrato de 18,1 millones de euros para pantallas y servicios tecnológicos en oficinas postales, así como la intermediación de Díez para favorecer negocios de terceros, incluyendo la venta de gafas y paraguas en la red de Correos.
Actualmente, Leire Díez está imputada en dos procedimientos: uno en el Juzgado de Instrucción número 9 por presunto cohecho y tráfico de influencias, y otro en la Audiencia Nacional por presunta prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, vinculado a la concesión de contratos y subvenciones a cambio de comisiones.
