El empresario Claudio Rivas, considerado presunto socio de Víctor de Aldama en el conocido como caso Hidrocarburos, ha sido procesado junto a otras 21 personas por su supuesta participación en un fraude fiscal superior a los 70 millones de euros en el sector de los hidrocarburos entre los años 2016 y 2018.
Se trata de una investigación distinta de la causa más mediática que llevó a Rivas y a Aldama a prisión preventiva por una presunta defraudación de 182,5 millones de euros en IVA entre 2022 y 2024, relacionada con la empresa Villafuel y que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
En esta ocasión, el magistrado Antonio Piña ha dictado un auto de pase a procedimiento abreviado —equivalente al procesamiento— en el que aprecia indicios suficientes para juzgar a Rivas y al resto de investigados por delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios de 2016, 2017 y 2018, así como por falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Según la resolución judicial, el presunto fraude se habría articulado a través de la mercantil SKT OIL, mediante la utilización de facturas falsas emitidas por empresas inactivas o inexistentes con el objetivo de incrementar de forma ficticia el IVA soportado deducible. Una operativa similar, señala el instructor, se habría empleado también a través de la empresa OWTRA OIL.
La trama habría defraudado presuntamente 13,8 millones de euros en 2016, 35,2 millones en 2017 y 14,6 millones en 2018 a través de SKT OIL, mientras que en el caso de OWTRA OIL la cuota defraudada ascendería a 7,2 millones de euros en 2018.
El auto propone asimismo que 16 mercantiles sean declaradas responsables civiles subsidiarias y que cinco personas comparezcan como partícipes a título lucrativo. Además, detalla la supuesta ocultación y posterior introducción en el circuito económico de los beneficios ilícitos obtenidos.
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Entre los bienes que habrían sido adquiridos con fondos procedentes del fraude figuran varios inmuebles, como una vivienda y una finca en Valdemoro (Madrid), seis apartamentos en Benidorm (Alicante), un local comercial en Madrid valorado en 1,6 millones de euros y un edificio de 45 viviendas comprado en 2018 por 1,6 millones y vendido cuatro años después por 2,7 millones.
Esta causa se suma a otras dos abiertas contra el empresario en la Audiencia Nacional, todas ellas relacionadas con distintos presuntos fraudes en el sector de los hidrocarburos cometidos entre 2016 y 2024.
