La asociación La Volaera de Granada ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) debido a los fallos detectados en las pulseras de geolocalización destinadas a proteger a víctimas de violencia machista. La organización critica además la postura del Gobierno central, que ha negado la existencia de incidencias en el sistema.
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La denuncia, elaborada tras un trabajo de campo en el que se contó con la colaboración de mujeres afectadas de todo el país, fue presentada por el departamento jurídico de la asociación por posibles vulneraciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD).
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Entre los problemas denunciados, La Volaera señala la pérdida o falta de disponibilidad de datos históricos, caídas del sistema, alertas erróneas o no generadas, falta de trazabilidad e integridad de la información, así como la posible manipulación o supresión de registros e informes remitidos a órganos judiciales. La asociación advierte que estas deficiencias han podido afectar directamente a la seguridad de las víctimas, generando riesgo, desprotección y perjuicios personales y procesales, sin que se haya notificado adecuadamente a la AEPD ni a las afectadas.
El sistema, gestionado por el Ministerio de Igualdad y ejecutado por la Unión Temporal de Empresas formada por Vodafone y Securitas, también habría presentado deficiencias de seguridad, según los argumentos de la denuncia.
María Martín, presidenta de La Volaera, destacó que se trata de la primera denuncia de este tipo en España y subrayó que “más allá de respaldar a las mujeres que han dado este paso, ayudará a las miles de víctimas que se han podido ver afectadas por esta tortura institucional”.
Para recabar información, La Volaera puso a disposición un formulario seguro y confidencial mediante el cual las mujeres afectadas pudieron reportar incidencias relacionadas con las pulseras de protección. La asociación busca que tanto el Ministerio de Igualdad como las empresas encargadas del sistema respondan ante la ley por su presunta negligencia.
