El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la creación de la Oficina para el reconocimiento y la reparación de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Este nuevo organismo será el encargado de gestionar las solicitudes de indemnización para aquellas víctimas cuyos casos hayan prescrito o cuyos agresores hayan fallecido, permitiendo una vía de justicia fuera de los tribunales ordinarios.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado que el sistema estará operativo desde mañana, 15 de abril. El modelo, que cuenta con la tutela del Defensor del Pueblo, nace de un protocolo firmado el pasado marzo entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el propio Defensor del Pueblo.
Un mecanismo mixto con responsabilidad económica de la Iglesia
La principal novedad de este modelo es que contempla tanto reparaciones simbólicas como compensaciones económicas sin tope establecido, las cuales correrán íntegramente a cargo de la Iglesia. Bolaños se ha mostrado tajante respecto al compromiso financiero de la institución: «La Iglesia va a pagar porque está comprometida por escrito». En caso de que una diócesis o congregación no disponga de fondos, la CEE y la Confer actuarán como responsables en última instancia.
El procedimiento se estructurará de la siguiente manera:
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- Presentación: Las víctimas podrán solicitar la reparación a través de la sede electrónica del Ministerio, correo electrónico o teléfono.
- Evaluación: La Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, compuesta por expertos independientes, elaborará una propuesta de reparación.
- Consenso o arbitraje: Si no hay acuerdo entre las partes, una Comisión Mixta buscará una solución. En última instancia, el Defensor del Pueblo tendrá la palabra final, y su decisión será de obligado cumplimiento para la Iglesia.
Reparación integral: más allá del dinero
El protocolo define que la reparación no es solo monetaria. Además de cubrir gastos derivados de secuelas físicas y psicológicas, el sistema busca el reconocimiento institucional y el acompañamiento a las víctimas. Las indemnizaciones se calcularán en función de la gravedad del abuso y el daño provocado, teniendo en cuenta si la víctima ya recibió alguna compensación previa a través del sistema interno de la Iglesia (PRIVA).
El ministro ha subrayado que el objetivo es hacer justicia con personas que durante décadas fueron «olvidadas, humilladas y orilladas». La oficina tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable a un segundo, y contará con una campaña informativa para asegurar que todos los afectados conozcan los pasos para acceder a este nuevo modelo de reparación.
