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La campaña de la Renta 2025 ya está en marcha y la Agencia Tributaria ha reforzado el control sobre los ingresos obtenidos a través de plataformas digitales, alquileres y monedas virtuales. Hasta el 30 de junio, millones de contribuyentes deberán revisar con lupa su borrador para evitar errores u omisiones.
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La Agencia Tributaria abrió el pasado 8 de abril la campaña de la Renta 2025 y prevé recibir 25,251 millones de declaraciones, un 2,1% más que en el ejercicio anterior. El plazo general para presentar el IRPF termina el 30 de junio, mientras que la domiciliación bancaria de declaraciones a ingresar concluye el 25 de junio.
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En esta campaña, Hacienda ha puesto el foco en nuevas fuentes de ingresos que hasta hace pocos años quedaban más difusas en el control fiscal. El organismo prevé remitir 3,56 millones de avisos preventivos a contribuyentes con operaciones vinculadas a ventas en plataformas online, alquileres, criptomonedas y rentas en el extranjero, con el objetivo de que revisen su declaración antes de presentarla.
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Del total de comunicaciones previstas, alrededor de 437.000 avisos se dirigen a operaciones de venta por internet y actividad en plataformas digitales; 867.000 a ingresos por alquileres; 1,243 millones a contribuyentes con monedas virtuales; y 1,012 millones a personas con rentas obtenidas en otros países.
El sistema de control no se limita a una sola advertencia. La Agencia Tributaria ha reforzado los mensajes preventivos en varias fases: primero, al acceder a los datos fiscales; después, durante la confección de la declaración; y más tarde, incluso tras su presentación, para que el contribuyente valore si debe rectificar antes de una comprobación posterior. Además, este año se añaden avisos para no perder posibles deducciones autonómicas.
Ahora bien, recibir uno de estos avisos no implica automáticamente una sanción ni significa que exista fraude. En el caso de las plataformas digitales, la propia Agencia Tributaria aclara que la normativa DAC7 no crea un impuesto nuevo, sino una obligación de información para las plataformas y sus vendedores, y que no cambia por sí sola las obligaciones tributarias ya existentes.
Ese matiz es clave para quienes venden productos de segunda mano en aplicaciones de compraventa. Hacienda distingue entre los vendedores particulares y quienes realizan una actividad económica. En el caso de los particulares, solo existe obligación de declarar en el IRPF cuando la venta genera una ganancia patrimonial, es decir, cuando el producto se vende por un precio superior al de compra. Si se vende por debajo del precio de adquisición, esa pérdida no es deducible al derivarse del consumo personal.
La Agencia Tributaria también recuerda que las plataformas deben comunicar información sobre determinados usuarios en función de los umbrales y criterios fijados por la normativa europea, lo que ha estrechado el cerco sobre la economía digital. Por eso, aunque muchas operaciones entre particulares no generen impuesto, sí pueden acabar siendo visibles para Hacienda y dar lugar a un aviso preventivo en el borrador.
En paralelo, el control sobre los alquileres mantiene un peso muy elevado en esta campaña, tanto en vivienda habitual como en arrendamientos turísticos, mientras que las criptomonedas siguen siendo uno de los grandes focos de vigilancia fiscal por el aumento de operaciones y por el mayor volumen de información disponible para la Administración.
Con este despliegue de avisos, Hacienda busca elevar el cumplimiento voluntario y reducir errores antes de iniciar comprobaciones más exhaustivas. El mensaje para los contribuyentes es claro: revisar bien el borrador ya no es solo recomendable, sino casi imprescindible si se han tenido ingresos por plataformas, alquileres, criptoactivos o rentas en el extranjero.
