MADRID – El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este martes la decisión de su formación de rebajar la petición de condena para el comisionista Víctor de Aldama. Según Feijóo, esta medida responde estrictamente a la «colaboración» del empresario con la justicia, tras sus recientes declaraciones en las que señaló directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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Tensión entre el PP y la Fiscalía Anticorrupción
A su llegada a un acto en el Senado, Feijóo ha calificado de «escándalo» la supuesta intervención de la Fiscalía General del Estado en el criterio del fiscal del caso. Mientras que el PP ha optado por reducir sus pretensiones de cárcel, el fiscal Alejandro Luzón ha mantenido su petición de siete años de prisión, al considerar que el testimonio de Aldama carece de pruebas de cargo sólidas.
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«Cuando el fiscal Anticorrupción observa que hay un encausado que está facilitando y colaborando, lo lógico es pedir una disminución de la pena», afirmó Feijóo, cuestionando que no se permita al fiscal actuar «conforme a su propia doctrina».
La estrategia de la acusación popular
El equipo legal del PP, dirigido por Alberto Durán, ha liderado este giro en la acusación popular (formada por otras seis organizaciones). La nueva estrategia busca que ninguno de los delitos imputados a Aldama supere los dos años de cárcel de forma individual, sumando un total de poco más de cinco años.
Puntos clave de la postura del PP:
- Utilidad procesal: Premian que el acusado facilite el «esclarecimiento de los hechos».
- Teoría del Derecho Penal: Argumentan que la colaboración es un atenuante estándar en procesos de corrupción.
- Foco en el Supremo: Feijóo restó peso a su propia petición, subrayando que «lo único importante es la sentencia del Tribunal Supremo».
El trasfondo político
Esta rebaja de pena por parte del principal partido de la oposición se produce en un clima de alta tensión política. Las acusaciones de Aldama, que situó a Sánchez como el «número uno» de la trama, han sido el motor para que el PP valide su testimonio como «útil y eficaz», a pesar de que la Fiscalía General mantiene la cautela ante la ausencia de documentos o evidencias físicas que respalden dichas afirmaciones.
Con este movimiento, los populares buscan blindar la figura del «arrepentido» para seguir tirando del hilo de una trama que, aseguran, llega hasta el corazón de La Moncloa.
