El ministerio público da por probada la existencia de una red de corrupción en el Ministerio de Transportes. El exministro utiliza su último turno de palabra para denunciar un «proceso inquisitorial» y defender su inocencia.
El juicio por la presunta red de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, conocido como el ‘caso Koldo’, ha quedado este miércoles visto para sentencia en el Tribunal Supremo. En su informe final, la Fiscalía Anticorrupción ha sido tajante al señalar al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, como la figura central y beneficiaria de una «trama criminal» que habría operado aprovechando la emergencia sanitaria de 2020.
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El esquema de la Fiscalía
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha elevado a definitivas sus conclusiones, sosteniendo que existen pruebas suficientes para confirmar que se articuló una estructura delictiva con el objetivo de obtener beneficios ilícitos mediante contratos públicos. Según el ministerio público, Ábalos se encontraba en la «cúspide» de esta organización, contando con su asesor, Koldo García, como el «fidelísimo» ejecutor material de las operaciones.
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Por su parte, el empresario Víctor de Aldama ha sido definido por la Fiscalía como el «elemento conductor» y el «conseguidor» que, gracias a su cercanía con la «zona noble» del Ministerio, logró lucrarse y facilitar el pago de comisiones. Luzón subrayó que Aldama se «empotró» en la estructura ministerial para influir en la adjudicación de contratos de material sanitario.
La defensa de Ábalos: «Un proceso inquisitorial»
En el uso de su derecho a la última palabra, José Luis Ábalos ha negado tajantemente todos los cargos. Visiblemente afectado, el exdirigente socialista ha denunciado haber sido víctima de una «presunción de culpabilidad» desde el inicio de la investigación y ha calificado la causa como un «proceso inquisitorial» impulsado por intereses políticos y mediáticos. «El derecho al honor es imposible de defender en estas condiciones», lamentó ante el tribunal, insistiendo en que no encontrarán rastro de dinero ilícito porque «no existe».
Koldo García también intervino brevemente para pedir disculpas por el daño causado a su entorno, asegurando estar «destrozado» y negando haber recibido dádivas o comisiones.
A la espera del fallo
Tras semanas de declaraciones cruzadas y la exposición de pruebas por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el tribunal deberá ahora deliberar sobre las penas solicitadas. La Fiscalía mantiene su petición de cárcel para los principales acusados, mientras que las acusaciones populares, lideradas por el PP, han puesto el foco en las irregularidades en el alquiler de viviendas y pagos en efectivo (las denominadas «chistorras») que presuntamente acabaron en manos de la trama.
Se espera que la sentencia se dé a conocer antes del próximo verano, poniendo fin a uno de los episodios judiciales más convulsos para el actual panorama político español.
