Madrid, 28 de mayo de 2026 – El economista y auditor Pedro Martín Molina, perito judicial independiente encargado en 2021 de evaluar la situación financiera de Plus Ultra, se ha reafirmado este jueves ante la comisión de investigación del Senado en que la aerolínea «maquilló» sus balances contables y que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) «no tendría que haber concedido» el rescate público de 53 millones de euros.
Durante su comparecencia, Martín Molina sostuvo que la compañía utilizó «cambios de criterios contables no admitidos por el plan de contabilidad» para simular una viabilidad que, a su juicio, no existía. Según el experto, a fecha de 31 de diciembre de 2019, la aerolínea «no tenía solvencia ni liquidez» y no cumplía con las exigencias del Consejo de Ministros ni de la Unión Europea para acceder a las ayudas de fondos COVID-19.
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Desvío de fondos a paraísos fiscales
Uno de los puntos más críticos de la declaración del perito ha sido el hallazgo de movimientos financieros sospechosos hacia el extranjero. Martín Molina detalló que detectó cómo «salía dinero a una empresa que no figuraba como proveedora ni era habitual» ubicada en una cuenta offshore en un paraíso fiscal (mencionando destinos como Dominica, Bermudas o Panamá).
El informe técnico ya reflejaba que el préstamo de 7,5 millones de dólares otorgado por la entidad panameña Panacorp —operación con la que Plus Ultra justificó su solvencia ante la SEPI— escondía irregularidades:
«Cuatro millones fueron transferidos a una cuenta en Dominica. Resulta contrario a la lógica económica mantener indisponible una cantidad que no genera rendimientos», señaló el perito, sugiriendo que «tenía que haber motivos que no fueran económicos para ese rescate».
Anomalías en la instrucción judicial y salto a la Audiencia Nacional
A preguntas del Partido Popular, Martín Molina aireó supuestas anomalías ocurridas durante la primera fase de la instrucción judicial en 2021, bajo la tutela de la jueza Esperanza Collazos:
- Aseguró que su declaración original no fue grabada, obligándole a repetir una comparecencia con menos preguntas.
- Criticó que un juez sustituto, aprovechando las vacaciones de la jueza titular, autorizara la liberación de 34 millones de euros del préstamo público que la Fiscalía mantenía bloqueados de forma cautelar.
- Afirmó tajantemente que aquella causa penal en el juzgado madrileño «se tuvo que archivar por no haber solicitado la jueza de instrucción la prueba pertinente».
A pesar del archivo de esa causa local en enero de 2023, el informe de Martín Molina cobra ahora una nueva relevancia. Sus conclusiones han sido incorporadas de forma íntegra al sumario que instruye el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, donde se investiga si parte de los 53 millones de dinero público fueron desviados o instrumentalizados en una presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
