Un nuevo informe de la Guardia Civil revela el control del ex número tres socialista sobre los viajes de los implicados y desvela facturas ocultas por valor de 53.000 euros. La actual dirección de Ferraz niega una contabilidad paralela.
MADRID.– Un nuevo y demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el «vértice y liderazgo» de una presunta trama interna. Según las investigaciones, esta red tenía como objetivo captar información sensible y maniobrar para torpedear los procedimientos judiciales que afectaban tanto al Gobierno como a la formación política.
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El documento, remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, detalla que Cerdán no solo tenía conocimiento de las operaciones, sino que presuntamente dio «instrucciones verbales directas» a su personal en Ferraz para autorizar y sufragar con fondos del partido los viajes de los miembros de la red, concretamente de la exmilitante Leire Díez y del empresario Javier Pérez Dolset.
Facturas ocultas y la respuesta de Ferraz
Entre los hallazgos más relevantes, la UCO ha localizado dos facturas emitidas al PSOE por el abogado investigado Jacobo Teijelo —por un importe total de 53.000 euros (26.500 euros cada una)— fechadas en abril y mayo de 2025 bajo el concepto de «asesoría jurídica». Estos documentos fueron aportados por el propio letrado y no figuran en la contabilidad oficial entregada por el partido tras el registro de su sede el pasado 27 de mayo.
Ante estas revelaciones, la actual secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, intervino de urgencia en la Cadena SER para negar de forma tajante la existencia de una contabilidad B en la formación:
«Esas facturas no se llegaron a abonar. Eran para una asesoría jurídica que ordenó el anterior secretario de Organización y, cuando este dejó de ocupar el cargo, el contrato se suspendió y se dejó de pagar». Al ser repreguntada sobre si Cerdán pudo gestionar fondos de manera opuesta a la oficial, Torró fue esquiva: «Eso se lo tendrán que preguntar a Santos Cerdán».
Maniobras en Badajoz y las siglas «P. S.»
El informe policial profundiza en las agendas manuscritas intervenidas a Cerdán y los cuadernos de Leire Díez, cuyas anotaciones evidencian una estrategia coordinada para desestabilizar causas clave. Uno de los principales objetivos de la trama era la juez Beatriz Biedma, encargada de investigar a David Sánchez (hermano del presidente del Gobierno) en Badajoz.
Los agentes sospechan que la red intentó, sin éxito, que el hermano del jefe del Ejecutivo sustituyera a su abogado por el exmagistrado expulsado Luis Sáenz de Tejada para forzar la recusación de la instructora. En los cuadernos de Díez constan las anotaciones «ser abogado del hermano de P.S.» y «meter como acusación popular», mientras que en las libretas de Cerdán se localizó una anotación explícita: «Badajoz $\rightarrow$ que fiscalía apoye el [sic] recusación».
Un «piso franco» en el centro de Madrid
Los seguimientos y las declaraciones testificales, entre ellas la del expresidente del Badajoz C.F., Joaquín Parra, han permitido a la UCO identificar un inmueble en la calle Diego de León de Madrid que los investigados definían como un «piso franco del PSOE».
De acuerdo con el instituto armado, el piso estaba alquilado por el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández —también investigado—, quien abonó más de 39.000 euros por el arrendamiento. Los investigadores han acreditado que en este lugar se celebraron reuniones clave de la trama en el segundo semestre de 2024, contando con la presencia física del propio Santos Cerdán en al menos dos ocasiones.
Ofertas de pactos al comisario Villarejo
La documentación intervenida también constata una «dación de cuentas» sistemática de Leire Díez hacia Cerdán. Entre los papeles del exdirigente se halló un listado de «incumplimientos» de la trama con confidentes clave. El texto revela que Díez prometió al comisario jubilado José Manuel Villarejo conseguir un pacto con la Fiscalía Anticorrupción para evitar su reingreso en prisión a cambio de «información comprometedora sobre magistrados del Tribunal Supremo». La maniobra fracasó ante la negativa del fiscal del caso a aceptar el trato.
