El proceso entra en su fase final con más de 549.000 solicitudes presentadas. El bloqueo en la obtención de antecedentes penales extranjeros y la falta de citas policiales dificultan el acceso efectivo al mercado laboral.
MADRID.– El proceso excepcional de regularización de personas migrantes en España ha entrado en su recta final. Apenas faltan 15 días para que el próximo 30 de junio expire el plazo legal para presentar las solicitudes, un escenario que está generando enormes colas en puntos neurálgicos como el recinto ferial La Farga de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y una creciente ansiedad entre miles de personas que temen quedar excluidas debido a los embudos administrativos.
A pesar de que el movimiento social y las ONG aplauden el proceso como un hito histórico en materia de extranjería, la realidad a pie de calle está marcada por la incertidumbre. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha hecho un llamamiento a la calma, instando a todos los candidatos a registrar su petición antes de la fecha límite, incluso si no disponen de toda la documentación reglamentaria, abriendo la puerta a subsanar los errores más adelante.
El muro de los antecedentes penales
Uno de los principales escollos detectados en esta fase de cierre afecta a los nacionales de países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia. Para estos colectivos, conseguir el certificado de antecedentes penales en sus países de origen —un documento obligatorio para el trámite— se ha convertido en una tarea imposible.
Te interesa
Ante este bloqueo, la directriz de las autoridades es formalizar la solicitud de todos modos. En estos casos específicos, se espera que el Gobierno español intente recabar dicha información de oficio a través de las vías diplomáticas previstas.
Cifras congeladas y retrasos en los permisos
El Ejecutivo ha dejado de ofrecer datos actualizados sobre el volumen del proceso. El último balance oficial disponible, fechado el pasado 21 de mayo, arrojaba las siguientes métricas:
| Estado de la tramitación | Número de expedientes |
| Solicitudes totales registradas | 549.596 |
| Admitidas a trámite | 91.505 |
Aunque algunos despachos de abogados especializados, como Parainmigrantes.info, consideran que los tiempos de tramitación general entran dentro de unos «plazos razonables» e incluso celebran las primeras resoluciones definitivas, las plataformas vecinales denuncian un criterio muy desigual. Colectivos como Regularización Ya alertan de que la promesa gubernamental de responder a las admisiones en un máximo de 15 días se está demorando más de dos meses en miles de casos.
El limbo de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE)
La admisión a trámite concede un permiso provisional de residencia y trabajo, pero la burocracia impide que este derecho se ejecute en la práctica. Los solicitantes se enfrentan a retrasos severos en la asignación del número de la Seguridad Social y a un «bloqueo total» para conseguir cita policial y realizar la toma de huellas necesaria para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).
«Cada expediente congelado es una vida que está en suspenso», lamenta Bea Cantero, presidenta de la Asociación Mujeres Pa’lante, incidiendo en que la desprotección no acaba el 30 de junio debido a las dudas que ya existen sobre cómo se articularán las renovaciones de estos permisos de cara al próximo año.
Presión política para ampliar los plazos
Frente a este escenario de saturación, la plataforma Regularización Ya ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados con el apoyo parlamentario de Podemos, Sumar, EH Bildu, ERC y BNG. La iniciativa exige formalmente al Gobierno cuatro medidas urgentes:
- Prórroga del proceso: Ampliar el plazo de presentación de solicitudes más allá del 30 de junio (opción que el Ministerio aún descarta).
- Automatización: Asignar una cita de huellas de forma automática en el momento en que se apruebe la resolución.
- Facilidades: Flexibilizar la legalización de documentos extranjeros.
- Suspensión de expulsiones: Paralizar de forma cautelar las deportaciones de aquellas personas que se encuentren en mitad del proceso de regularización.
Sobre este último punto, respaldado también por el Defensor del Pueblo, fuentes del Ministerio del Interior han asegurado a EFE que las fuerzas de seguridad ya actúan bajo ese principio de protección, siempre y cuando los solicitantes carezcan de antecedentes penales previos y no supongan una amenaza contra la seguridad o la salud pública.
