La formación de Santiago Abascal suaviza su postura tradicional de coalición a cambio de que el Partido Popular asuma medidas de control migratorio, el veto a las ayudas a extranjeros en situación irregular y la defensa del sector primario.
SEVILLA.– Vox ha dado un giro estratégico en su política de pactos en Andalucía. La formación liderada por Santiago Abascal ha trasladado al presidente de la Junta y candidato del Partido Popular, Juan Manuel Moreno Bonilla, que no condicionará su apoyo a la investidura ni la estabilidad de la legislatura a la entrada de sus consejeros en el Palacio de San Telmo. Sin embargo, el partido sitúa el listón del acuerdo en la asunción de un estricto paquete programático basado en lo que denominan el principio de la «prioridad nacional».
La dirección nacional y el grupo parlamentario andaluz buscan con este movimiento desbloquear la gobernabilidad y exhibir una postura «posibilista», evitando el desgaste de un bloqueo institucional, pero forzando al PP a asumir las líneas maestras de su agenda social y de control de fronteras en el sur de España.
Te interesa
El documento de mínimos: control migratorio y ayudas públicas
Fuentes de la negociación confirman que la renuncia a los sillones gubernamentales tiene una contrapartida estrictamente ideológica y legislativa. Vox exige que el nuevo Ejecutivo andaluz aplique una batería de medidas transversales destinadas a dar preeminencia a los ciudadanos españoles en el acceso a los servicios de la comunidad.
Entre los puntos clave del documento de mínimos destacan:
- Ayudas sociales exclusivas: La exigencia de introducir cláusulas legales que prioricen a los residentes de nacionalidad española en el acceso a viviendas de protección oficial, becas comedor y subsidios autonómicos, restringiendo el acceso a extranjeros que no cuenten con la documentación en regla.
- Frenazo a la inmigración irregular: Vox reclama el fin de las subvenciones autonómicas a las ONG que operan en el ámbito de la acogida y la cooperación migratoria, así como un protocolo más estricto de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para facilitar la identificación de personas en situación irregular.
- Blindaje al sector primario: El partido exige un compromiso explícito de la Junta frente a las normativas de la Agenda 2030, reclamando la reducción de trabas burocráticas y el amparo económico institucional a los agricultores y ganaderos andaluces frente a la competencia de terceros países.
La respuesta del Partido Popular: cautela ante el marco legal
Desde el entorno de Juan Manuel Moreno Bonilla se ha recibido el ofrecimiento con una mezcla de alivio y prudencia. Los populares celebran que Vox renuncie a la «fórmula valenciana o castellanoleonesa» de exigir vicepresidencias y consejerías, lo que permite al PP mantener un Ejecutivo monocolor y un perfil más centrado.
No obstante, el equipo negociador de Moreno ya ha advertido de que muchas de las exigencias relativas a la «prioridad nacional» en ayudas públicas chocan frontalmente con el marco competencial autonómico, la Constitución Española y la normativa comunitaria de la Unión Europea. El PP andaluz se ha mostrado dispuesto a negociar rebajas fiscales, apoyo a la natalidad y mejoras para el campo, pero evita comprometerse con medidas que puedan ser tumbadas por los tribunales por motivos de discriminación jurídica.
